La CPI admitió estudiar el caso para determinar si se abre o no una investigación formal

El Tribunal de La Haya acepta la denuncia contra Sánchez por «genocidio» ante la gestión del COVID-19

El presidente fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por haber presuntamente cometido delitos contra la lesa humanidad

El Tribunal de La Haya acepta la denuncia contra Sánchez por "genocidio" ante la gestión del COVID-19
Pedro Sánchez PD

El ‘tsunami’ de demandas y querellas sobrepasa al Gobierno de Pedro Sánchez.

La nefasta gestión de la crisis del coronavirus generó que los españoles exijan justicia en los tribunales nacionales e internacional.

El líder del PSOE fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por, presuntamente, haber cometido un delito de lesa humanidad.

La denuncia, de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del COVID-19, estima que la actuación del Gobierno del PSOE-Podemos desencadenó en un «genocidio» de 50.000 personas.

La Fiscalía del Tribunal de La Haya confirmó la recepción de la denuncia y la admitió a trámite. En este sentido, ahora se analizará si se procede, o no, a abrir una investigación formal contra el presidente de España.

La Asociación Española de Afectados y Víctimas del COVID-19 afirma que existieron un cúmulo de negligencias por parte de Pedro Sánchez entre enero y el 14 de marzo (día que se activa el estado de alarma). Un escenario que llevó a España a ser uno de los países más afectados y con más víctimas del coronavirus.

«Durante todo ese tiempo, un tiempo que podría haber evitado miles de muertes, el propio Gobierno permitió que todos los vuelos internacionales entraran y salieran del territorio español, incluidos los que vinieron de China, Italia y otros países del mundo, donde ya se conocía la gravedad de la pandemia», argumenta.

Además, alega que el Gobierno tuvo «el propósito de minimizar la gravedad de COVID-19 y alentar actividades que solo podrían resultar en la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal». Como, por ejemplo, la celebración del polémico 8-M.

“La peor negligencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2020, donde es el propio gobierno el que permite y alienta una manifestación para el Día de la Mujer Trabajadora, a la que asisten, solo en la ciudad de Madrid, (la ciudad con el mayor número de infecciones en España) por 120.000 personas”, señala.

Es importante destacar que este martes 9 de junio también se conoció el resultado de un segundo informe médico forense que apunta que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, Fernando Simón, conocían con semanas de antelación el riesgo que suponía celebrar el 8-M.

Una cadena de “negligencias”

La Asociación Española de Afectados y Víctimas del COVID-19 enumera a la Corte Penal Internacional todas las irregularidades vinculadas con el personal sanitario (que no contó con los equipos de protección) y de las residencias de ancianos (en manos de Pablo Iglesias).

En este sentido, aclara que si bien «no se discute que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 2 al 4% en general», «la mala gestión, la deficiencia en una rápida toma de decisiones por parte del presidente y especialmente la falta de medios, han causado más muertes en España» de las que habrían ocurrido si las decisiones de Sánchez «hubieran sido correctas».

«La demora del gobierno, del presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, su demora en la actuación, incluso al estar al tanto de toda la información de la OMS, al ver la cantidad de infecciones en la vecina Italia, ha provocado decenas de miles de muertes, lo que no habría ocurrido habiendo actuado diligentemente», remata la denuncia.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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