El jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno hundió al PSOE.
Ramez Muhzrram Rey admitió a la juez Carmen Rodríguez-Medel que «yo no hubiera autorizado la manifestación feminista». Sin embargo, aclaró que no es experto en «virología», sino farmacéutico.
Sus declaraciones forman parte del grupo de testigos que este 11 de junio pasaron por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, donde se investiga si el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, cometió o no un delito de prevaricación.
Sus declaraciones son importantes, ya que fue la persona encargada de elaborar un protocolo para los empleados del organismo delegado del Ejecutivo con unas medidas y recomendaciones relativas a la distancia social e higiene que debía mantener el personal frente a COVID-19.
El testigo indicó que el 28 de febrero hubo una reunión en la Delegación del Gobierno para elaborar un protocolo, que finalmente se remitió a la plantilla el 2 de marzo. Es decir, que se estaban tomando medidas de precaución anteriores al 8-M.
El jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno ratificó su declaración ante los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
“Como farmacéutico y con cierta formación en el entorno sanitario, esa manifestación no se debería haber celebrado” porque “al estar concentradas muchas personas, aumenta la probabilidad de contagio”.
La conclusión de Muhzrram va en línea con los datos aportados por la OMS desde 2012 y que respaldan el segundo informe médico forense de la investigación. A pesar de que fue criticado desde la extrema izquierda por ser elaborado por un médico forense que, además, es “legionario de Cristo”.
El jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno también reconoció que los funcionaros se habían mostrado preocupados por la crisis sanitaria del COVID-19.
En este sentido, les solicitaron información sobre las «medidas y recomendaciones relativas a la distancia social, higiene personal o el trato al ciudadano» y que, en general, el personal era «consciente» de la gravedad de la situación.
Curiosamente, afirmó que no tomó «conciencia de la gravedad del asunto» hasta el 9 de marzo, sólo un día después de celebrarse las multitudinarias concentraciones feministas, porque el número de contagiados en la capital de España se había incrementado en un 1.800%.
El ‘método Sánchez’
José Manuel Franco aplicó el ‘método Sánchez’ en el juicio del 8-M.
El delegado del Gobierno en Madrid utilizó la misma técnica que los líderes del PSOE y Podemos: negar que existiera información o recomendaciones suficientes para cancelar la multitudinaria marcha feminista.
A pesar de que la Fiscalía de Dolores Delgado intentó evitar la investigación del 8-M se mantenga, la jueza Carmen Rodríguez-Medel rechazó archivar el caso por un presunto delito de prevaricación de José Manuel Franco.
En su defensa, el delegado del Gobierno afirmó que «no había ningún elemento» en aquellas fechas que llevase a prohibir la manifestación.
«No había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la Delegación a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de manifestación», insistió.
Una versión que va en contra de las conclusiones a las que llegaron tanto los informes de la Guardia Civil (que desencadenaron en la ‘purga’ de Fernando Grande-Marlaska en la cúpula de la Benemérita), como en los informes médicos forenses.
Ante la información en contra, José Manuel Franco insistió en «dejar perfectamente claro que la actuación de la Delegación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que de los expertos se iban tendiendo del coronavirus».
El delegado del Gobierno no fue el único que se enfrentó a las preguntas de la jueza, ya que también participarán como testigos: el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
