El 8-M sigue ‘sacudiendo’ al Gobierno de Pedro Sánchez.
Un esclarecedor informe pericial podrá reabrir el juicio contra Fernando Simón.
La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena utiliza el documento, que fue realizado por dos peritos, en un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid de archivar una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES).
La investigación apunta a que «la manifestación de Madrid [en referencia al 8-M] fue causante de al menos 1.500 contagios» de coronavirus.
Los peritos, especialistas en análisis de big data, buscan «mostrar al tribunal cuáles son los métodos de investigación para determinar el número mínimo de víctimas producidas por un evento masivo como el 8-M», como adelanta VozPópuli.
Una nueva fórmula que pone en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez, quienes insistían en que no había un sistema para calcular el número de contagios durante la celebración de la manifestación feminista.
«Sumando todos los contagiados entre los días 8 y 9 de marzo, tenemos un total de 5.758, de los que 1.500 se pudieron contagiar en la manifestación (…). Esto supone que la manifestación del 8-M fue la causa del 25% de contagios que se produjeron ese día», han precisado tras explicar la metodología empleada para llegar a esos cálculos.
Las claves para comprender el impacto del 8-M estaría en las matemáticas.
Por eso, los peritos implementaron un modelo que «evalúa con mayor precisión el impacto de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades y el efecto que se hubiera producido si se hubieran tomado medidas con anterioridad».
Para garantizar la mayor transparencia y objetividad, el informe se basa en la información facilitada a la causa por el CCAES y la Delegación del Gobierno de Madrid.
Otros informes
El 9 de junio un informe médico forense hizo hincapié en que el Gobierno sí podía prever el impacto que tendría el 8-M en la transmisión del COVID-19.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que estaba investigando el caso del 8-M y que imputó al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tuvo acceso a un documento que detallaba:
«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista», explicó el forense Julio Lorenzo Rego en el informe.
El informe médico forense reprochó a las autoridades la falta autoprotección ciudadana de quienes asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo.
Una situación que ocurrió, según explica el forense, debido a que no se alertó del «gran riesgo» que existía de contagiar el coronavirus.
Como si fuera poco, recoge que el Gobierno de Pedro Sánchez ignoró la valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero. La misma decisión que tomó con «algunas» de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo.
Dos advertencias que, de haber sido tomadas en cuenta, habrían aminorado «el daño a la salud» y «las consecuencias económicas y sociales».
El documento defiende que la anulación de manifestaciones, como la del 8M, habría frenado una «amplia difusión» de la COVID-19.
