Unos 20 manifestantes se hartan de las denuncias y sanciones de los ‘Marqueses’

Pablo Iglesias e Irene Montero serán demandados por acosar a sus vecinos de Galapagar con «coacciones y denuncia falsa»

El vicepresidente segundo y la ministra fracasaron en sus intentos legales y policiales de acallar las protestas ciudadanas en su lujoso chalet

Pablo Iglesias e Irene Montero serán demandados por acosar a sus vecinos de Galapagar con "coacciones y denuncia falsa"
Irene Montero y Pablo Iglesias en su chalet PD

Los vecinos de Galapagar tomarán medidas legales contra el acoso de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Los ciudadanos, que demuestran su rechazo al vicepresidente segundo y a la ministra de Igualdad con protestas en las inmediaciones de su lujoso chalet, anunciaron a OkDiario que presentarán una querella conjunta.

Según los vecinos de Galapagar, Iglesias y Montero habrían incurrido en un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa con el agravante de cargo público.

Alrededor de una veintena de vecinos conformarían la querella contra el líder de Podemos, ya que están viendo cómo se intenta mermar su derecho a la protesta a través de denuncias y un gran número de sanciones administrativas. Todo por mostrar su descontento frente al ‘casoplón’ de Iglesias.

Los  vecinos están cansados de recibir denuncias por ejercer derechos fundamentales (como la libre circulación y la libertad de expresión) y han preparado una querella conjunta contra Pablo Iglesias por tres delitos.

El primero de ellos hace referencia al cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal. A lo que suman un delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal; y un delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal.

Es protesta, no acoso

A pesar de que Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaron a manifestantes por acosar su vivienda, la justicia no les ha dado la razón.

Por ejemplo, Claudina y Ascensión se enfrentaron a un juicio rápido que finalmente fue archivado tras ser denunciadas cuando paseaban por las inmediaciones del chalet portando la bandera de España y sintonizando en sus teléfonos móviles el himno nacional que, debido a la escasa capacidad del volumen, apenas podía oírse.

Sin embargo, el ‘sablazo’ más doloroso para la pareja fue el revés legal que sufrió con la edil de VOX en Galapagar.

La juez desestimó la denuncia de la pareja de Pablo Iglesias contra la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.

La ministra de Igualdad la demandó por acoso, debido a que participó en las caceroladas a las puertas del lujoso chalet de Galapagar. Tras una sesión judicial el pasado 10 de julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 dictó el sobreseimiento provisional del caso.

La Justicia no dio la razón a Montero, quien afirmó que Gómez Carvajal cometió un supuestos delitos “coacciones” y “acoso diario en su domicilio y redes sociales” por acudir a las manifestaciones diarias realizadas frente a la lujosa vivienda de Iglesias y Montero.

La juez, que escuchó los alegatos de Montero a través de videoconferencia, consideró que la Edil de VOX estaba haciendo ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a la protesta pacífica.

La decisión supone un duro golpe para Irene Montero.

Es importante recordar que el 23 de junio, la pareja de Iglesias anunció la demanda en televisión y hasta mostró los vídeos grabados por la concejal, esos que ella difundió en Twitter con las protestas.

Según la ministra, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar «agrava e incide en la responsabilidad de su conducta».

También en su denuncia, Montero incluía enlaces con tuits en los que se veían las protestas cerca de su domicilio. En uno de esos vídeos publicados, la concejal de VOX dice que es la «21ª cacerolada» y que «como todos los días no faltamos a nuestra cita».

Todos unos argumentos que no convencieron a la juez, que terminó protegiendo a Cristina Gómez Carvajal y dando un nuevo ‘varapalo’ legal a Podemos. Ya que se suma a toda la polémica del ‘Caso Dina’ y a la condena de prisión contra la violenta Isa Serra.

Ilegalizar los ‘escraches’… a Podemos

Podemos está anheloso por transformar los ‘escraches’ al lujoso chalet de Pablo Iglesias en “acoso”.

Tras dos meses de manifestaciones contra el vicepresidente segundo en las inmediaciones de su lujosa propiedad en Galapagar, desde Podemos están moviendo ficha para utilizar a la Justicia para acabar con el ‘jarabe democrático’.

El partido de Pablo Iglesias necesita que los ‘escraches’ al chalet sean tipificados como “acoso”.

¿El motivo?, convertir una protesta y ejercicio de la libertad de expresión (como son las manifestaciones pacíficas) en un delito que es castigado con una pena de prisión de entre 3 meses y dos años o una multa de 6 a 24 meses.

Una estrategia que ‘estreno’, aunque sin éxito, Irene Montero a través de su denuncia por acoso a la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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