Irene Montero tendrá que volver a empezar de cero o, cuando menos, presentar otro texto legal que no deje tantos flancos jurídicos sin defensa alguna.
Al final el Ministerio de Justicia ha tenido que poner coto a las prisas del departamento de Igualdad y retirar el anteproyecto de la ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida ley del ‘solo sí es sí’.
Cierto es que ya esta medida legal impulsada por la ministra podemita, pareja del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya venía bichada porque se quiso meter con calzador para su tramitación y, sobre todo, que fuese la guinda con la que se redondearían todos los actos relaciones con el 8 de marzo de 2020.
Precisamente, su tramitación como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros de primeros de marzo de 2020 ya dejó ver las primeras escaramuzas entre podemitas y socialistas.
Fue Carmen Calvo la primera que tuvo que meter añadidos y correcciones para que ese texto del departamento de Irene Montero pudiese pasar la primera criba.
Sin embargo, las prisas son malas consejeras y, tal y como queda acreditado ahora con la decisión del Ministerio de Justicia, la ley no había por donde cogerla.
Incluso, y esto resulta sintomático, la propia Irene Montero, cuando fue preguntada por esta ley, sus contenidos, los cambios que se introducían, respondió de esta guisa:
Déjeme que le busque la redacción exacta, sino se la facilito después. La base de la ley es el consentimiento, la expresión explicita de la mujer de que está consintiendo ese acto sexual.
El 15 de julio de 2020 se remitió por parte del Ministerio de Juan Carlos Campo al Consejo General del Poder Judicial el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual para la emisión del preceptivo informe sobre el mismo.
Sin embargo, después de un análisis más exhaustivo, se solicita la retirada de esa petición y, por tanto, que no se evacúe ningún informe.
El motivo que se esgrime para pedir esa retirada es el hecho de que se espera poder remitir a ese Consejo General del Poder Judicial una versión más acabada del texto, que incluya, en su caso, el criterio y las observaciones recabadas de otros ministerios, de forma que se pueda volver a trasladar la solicitud de informe en un estado de tramitación más avanzado.
Se da la circunstancia de que el CGPJ había aprobado recientemente una prórroga para la emisión del citado informe, toda vez que se preveía que contuviese elementos complicados para analizar.
Obviamente, esto implica que no será hasta el arranque del curso político, en septiembre de 2020 y si la situación del coronavirus no vuelve a alterar toda la agenda gubernativa, cuando se pueda presentar al CGPJ un anteproyecto legal más consistente.
Desde el Ministerio de Igualdad donde Irene Montero sigue silente se niega la mayor a la hora de esgrimir que la ley haya sido retirada o paralizada.
La ley continua su tramitación con normalidad. Ni se ha retirado ni se ha paralizado. Simplemente en la fase de consulta pública se han recogido aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas.
