Llueve sobre mojado para Podemos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una causa penal al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez Rodríguez.
La Justicia considera que existen indicios de la comisión de un hecho delictivo por parte del representante de Pablo Iglesias.
El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
El Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
Es importante recordar que el juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.
La acusación
Lo hechos a investigar se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del Partido Popular, José Ignacio Wert.
Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos.
Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como ‘pancartazos’ y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.
¿El nuevo Isa Serra?
De ser culpable, Alberto Rodríguez Rodríguez no sería el primer representante de Podemos en ser condenado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a un año y siete meses de prisión a la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.
En el fallo, la Sala le impone una multa de 2.400 euros y 19 meses de inhabilitación para «el derecho al sufragio pasivo» al margen de la condena de prisión, que en principio no implicaría el ingreso en la cárcel, y le absuelve del delito de desórdenes públicos.
«La acusada integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos».
Eso dice la sentencia del TSJM.
Como consecuencia de estos episodios de violencia, continúa explicando la nota, dos agentes de policía municipal resultaron heridos.
Uno, tras ser alcanzado con un objeto contundente que le impactó en la mano izquierda, y el otro al recibir el impacto de otro objeto en el casco, lo que le provocó un desvanecimiento y una contractura cervical con mareos y vértigo.
La Fiscalía pedía para la diputada y dirigente de Podemos, que siempre defendió su inocencia y negó todas las acusaciones, una pena de 23 meses de prisión y 5.200 euros de indemnización para dos agentes de Policía Municipal que resultaron heridos durante los incidentes que se produjeron el 31 de enero de 2014.
