El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a pagar el ‘peaje’ de Bildu para garantizar su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, aprobó un nuevo acercamiento de presos de ETA. En concreto, de seis de ellos.
La decisión, que desoye a las peticiones de las Víctimas del Terrorismo, se torna aún más polémica al conocer que entre los beneficiados por el PSOE-Podemos está el etarra que puso tres bombas en una discoteca.
Se trata de Roberto Lebrero Panizo, que puso tres bombas en una discoteca en Navarra en 2001. Tras cumplir parte de su condena en la cárcel de Sevilla, ahora pasará a la de Burgos.
Miembro del ‘comando Araba’, fue condenado a 71 años por esta acción terrorista en la discoteca Universal de la localidad navarra de Lacuntza en 2001.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que vuelve a censurar estos acercamientos sin colaboración previa con la Justicia, recuerda al Gobierno que el etarra tiene delitos de sangre y otros relacionados con incendios, tenencia de explosivos y colaboración con banda armada.
Según Prisiones, Lebrero Panizo «ha aceptado la legalidad penitenciaria» y cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2020.
La Secretaría General resolvió aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión sevillana, su traslado a centro próximo a su vinculación familiar.
También hay otros dos etarras que se verán beneficiados pese a tener delitos de sangre y atentados contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Etarras contra la Policía
Otro de los presos acercados es Javier Zabalo Beitia, que pasará de la cárcel de Puerto I en Cádiz a la de Valladolid.
Tiene una condena de más de 70 años por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y los delitos de estragos por colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en julio de 2001 que no llegó a explotar.
A él también se le aplica el 100.2 a su clasificación de primer grado y cumplía las tres cuartas partes de pena en julio de 2028.
El que sí tiene delitos de sangre es el preso Jon Zibuaurre Aguirre, responsable del asesinato del agente de la Ertzaintza Iñaki Totorika Vega el 9 de marzo de 2001.
Cumplirá las tres cuartas partes de pena en septiembre de 2023 y pasa de Cádiz a la prisión de Burgos.
Arkaitz Agote Cillero pasará de Granada a la cárcel de el Dueso, en Cantabria.
Cumple condena de 25 años por estragos, colaboración con banda armada y tenencia de explosivos. Las tres cuartas partes de condena se cumplen en diciembre de 2025.
Liher Aretxabaleta deja la cárcel de Ocaña I en Toledo por la de Burgos. Fue condenado en 2017 a 535 años de prisión como autor de un atentado con una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas el 25 de mayo de 2005, hiriendo a 45 personas, de las que 14 eran policías.
El último etarra acercado es Javier Atristain Gorosabel, que pasa de Soria a la cárcel de San Sebastián. Ya fue acercado en 2019 a la prisión castellano-leonesa y, según denuncia la AVT, la decisión se adopta «sin justificación alguna». Cumple las tres cuartas partes en enero de 2024.
La ‘fiesta etarra’ de Marlaska
La Asociación de Víctimas del Terrorismo censura la política penitenciaria del ministro Fernando Grande-Marlaska.
La organización denuncia que el 53% de los etarras se encuentran ya en cárceles del norte de España.
Con los últimos seis traslados, son ya 74 los presos beneficiados por los acercamientos aprobados desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
