LOS DAÑOS ECONÓMICOS SON IRREPARABLES

La Justicia suspende el confinamiento montado por Sánchez e Illa para hundir a Ayuso

Los jueces tumban el cierre de Madrid porque "afecta a derechos fundamentales"

La Justicia suspende el confinamiento montado por Sánchez e Illa para hundir a Ayuso
Ayuso (PP), Sánchez (PSOE), Iglesias (PODEMOS) y el coronavirus. PD

Lo que muchos se preguntan indignados ahora es quién va a pagar la factura, pero la respuesta es evidente: el sufrido contribuyente español, como siempre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado la orden ministerial que impone restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños para frenar la Covid, entre ellos la capital.

Alega el TSJM que las restricciones afectan a las libertades y derechos fundamentales.

La Comunidad de Madrid gana la primera batalla legal al Gobierno después de que éste obligase al cierre perimetral de Madrid, aunque todavía queda la decisión de la Audiencia Nacional.

En el fallo de este 8 de octubre de 2020, la sala octava del TSJM asegura que la orden ministerial no tiene el respaldo jurídico necesario para afectar a derechos fundamentales, y añade que el marco legal «nada tiene que ver» con el de las restricciones en zonas básicas sanitarias de la Comunidad de Madrid, que sí avalaron previamente los jueces del TSJM.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado de urgencia esta tarde a la Comunidad de Madrid y ha señalado que se adoptarán decisiones jurídicas que protejan la salud de las personas. La decisión del TSJM que tumba sus últimas medidas llega a pocas horas del puente del Día de la Hispanidad, con muchas dudas de qué es lo que se puede y no hacer.

El auto es un mazazo para el Gobierno de Pedro Sánchez ya que señala que «resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país».

Una inacción por parte del Gobierno que se ha producido «pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación», han zanjado.

De esta manera, la resolución es un tremendo varapalo personal para Pedro Sánchez, que deja al desnudo su interés político por aprovechar la pandemia para derribar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y da la razón al PP y a todos sus gobiernos autonómicos cuando, la semana pasada, se opusieron a las órdenes del Ministerio de Sanidad y protestaron por la ausencia de herramientas jurídicas para gestionar la situación tras el decaimiento del estado de alarma. Algo que, pese a la petición reiterada, Sánchez desatendió.

Falta la decisión de la Audiencia Nacional

A pesar de esta primera victoria legal, aún queda una última decisión de la Audiencia Nacional, a quien recurrió el Gobierno de la Comunidad de Madrid para buscar amparo, lo que genera una maraña política y judicial de consecuencias aún difíciles de calibrar.

Las tornas pueden volver a cambiar, a lo que puede añadírsele otro problema derivado si Moncloa no se conforma con la resolución adversa y decide mantener su estrategia ante Ayuso: podría imponer un estado de alarma en la región, cubriendo antes los trámites parlamentarios oportunos. Fuentes del Gobierno regional no descartan esa posibilidad a ESdiario, si bien no se atreven a pronunciarse en firme al respecto de las posibles respuestas de Sánchez.

De momento, el que ya ha avanzado la postura del Gobierno, ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, ha asegurado que adoptará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud», por lo que ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para «esta misma tarde».

El ministro ha señalado que «el plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos». «Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios», ha apuntado, añadiendo que a Sanidad le «importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos».

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