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No sólo es Pablo Iglesias: casi la mitad de los dirigentes de Podemos ha tenido o tiene problemas con la Justicia

Con el caso de Iglesias-Dina, 8 de los 21 miembros del Consejo de Coordinación se han visto inmersos en procedimientos judiciales

No sólo es Pablo Iglesias: casi la mitad de los dirigentes de Podemos ha tenido o tiene problemas con la Justicia
Pablo Iglesias, sus compinches de Podemos y la Justicia. PD

Lo tremendo, lo más preocupante, es que la ciudadanía alberga la fundada sospecha de que al final Pablo Iglesias se irá de rositas, pero la realidad es que el juez Manuel García-Castellón ha llegado a la conclusión de que el líder de Podemos cometió 3 delitos -revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa- en el ‘caso Dina-Iglesias’ y pide al Supremo que le investigue.

El asunto se las trae porque como subraya Segundo Sanz este 12 de octubre de 2020 en OKdiario, la acusación del juez de la Audiencia Nacional contra el vicepresidente segundo del Gobierno Sánchez sólo engorda la ‘ficha policial de la banda’.

Con Iglesias ‘Moñetes’ son ya 8 de un total de 21 miembros del Consejo de Coordinación los dirigentes que han tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia.

Es decir, el 40% de dicho órgano de dirección de Podemos, partido que se encuentra además imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada.

Precisamente, en esta pieza que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tras la denuncia presentada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos, el magistrado ya ha citado como imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas electorales.

Este estrecho colaborador de Iglesias tendrá que declarar el próximo 20 de noviembre en sede judicial por la presunta caja B de Podemos. El instructor tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha citado como investigados al tesorero del partido, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val, si bien ellos no forman parte del Consejo de Coordinación de Podemos.

El juez investiga aquí los contratos suscritos entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones generales del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. La Fiscalía ha apreciado la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los contratos con la consultora chavista, sobre los que alertó el Tribunal de Cuentas.

Agresiones a la Policía

El actual secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, va a ser investigado por el Tribunal Supremo (es aforado al ser diputado) por agredir presuntamente a un policía. No es la primera vez que Rodríguez se ve envuelto en un caso de violencia. A éste, que sucedió en una concentración contra la Lomce, se suma otra causa que tuvo que ser archivada por el Supremo por prescripción. Fue en el año 2006 en otro altercado con policías locales en La Laguna, Tenerife.

También por agredir a la Policía ha llegado a ser condenada Isabel Serra, portavoz de Podemos y secretaria de Formación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó el pasado abril una pena de 19 meses de prisión para la diputada regional por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés. Serra, que fue condenada por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, acosó a una policía municipal al grito de «eres cocainómana», «mala madre» e «hija de puta», entre otros insultos, según recogen los hechos probados de la sentencia.

Igualmente, a raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por «atentado a la autoridad», junto a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino. En el caso de Gómez-Reino, el partido de Iglesias maniobró para que no se quedara sin aforamiento al disolverse las Cortes y pasó a sustituir a Alberto Rodríguez en la Diputación Permanente de la Cámara baja.

Mayoral llegó a ser citado pero no se presentó alegando su condición de aforado. Precisamente, Podemos ha hecho gala estos años de estar en contra de este «privilegio judicial». Por su parte, Ángela Rodríguez sí prestó declaración como investigada al no estar aforada.

En dicha manifestación del 28 de marzo de 2019, la Policía los identificó y los denunció por arengar a los concentrados a que saltaran el vallado de seguridad y por empujar a policías. Sin embargo, la jueza Raquel Robles, atendiendo a los argumentos del fiscal, acordó finalmente el sobreseimiento al entender que los hechos no tenían la gravedad necesaria para ser considerados delito.

«Trato discriminatorio»

La actual ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, y el portavoz parlamentario y secretario de Programa, Pablo Echenique, han sido llevados a los tribunales por sus asistentes. La primera se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció «trato discriminatorio» de la dirigente morada y un «despido arbitrario», como reveló OKDIARIO. Podemos ha terminado pagando a la ex trabajadora -que hacía hasta de chófer de Irene Montero-, justo cuando ésta tomó posesión como ministra, evitando así ir a juicio. Inicialmente no hubo acuerdo en el acto de conciliación entre la demandante y el partido. Montero fue citada como testigo en el Juzgado de lo social número 3 de Madrid.

En cuanto a Pablo Echenique, ha sido condenado por haber contratado en negro a un asistente personal al que tuvo sin contrato y sin darle de alta en la Seguridad Social. Echenique fue condenado en primera instancia y la resolución fue luego ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en relación a estas irregularidades que se conocieron en 2016.

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