El juego de palabras es más que evidente.
Pablo Iglesias está hasta el mismísimo moño de sufrir revolcones en los juzgados y ahora su gran objetivo es cerrar como sea el ‘caso Dina‘ y que este no acabe llegando al Tribunal Supremo.
Al vicepresidente segundo le preocupa que la acción de la Justicia le siga infligiendo correctivos en los tribunales y que los varapalos recibidos a cuenta de todas aquellas denuncias efectuadas contra ciudadanos que solo se manifestaban contra él en las cercanías de su casoplón puedan influir en la causa abierta en la Audiencia Nacional y que tenga su continuación en el Alto Tribunal.
Porque, aunque los de Unidas Podemos repitan como un mantra machacón aquello de que salen indemnes de todas las causas judiciales, la realidad es que a la tropa de Iglesias le ha tocado sufrir ya varios reveses, especialmente empezando por su propio líder.
Este 18 de octubre de 2020 el diario La Razón cuenta detalladamente los juicios que ha perdido el ‘marqués de Galapagar‘ después de que denunciara el supuesto acoso al que estaba siendo sometido por unos simples ciudadanos que, megáfono en mano, reclamaban su dimisión y le perforaban los tímpanos con esa «cutre pachanga fachosa» que para él significaba el himno de España.
La Guardia Civil, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a petición obvia del propio Pablo Iglesias, ordenó sancionar con 600 euros a toda persona que estuviese en los alrededores del chalet podemita protestando contra el vicepresidente o llevando la bandera de España.
Sin embargo, lo que no esperaba es que la Justicia fuese poniendo las cosas en su lugar y empezara a quitar multas y sobre todo librar de penas de cárcel a quien no lo merecía.
Así las cosas, Ascensión y Claudina, dos denunciadas, tuvieron que pasar por los juzgados acusadas de cometer un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la causa fue archivada, pese a que Iglesias pretendía que una sentencia condenatoria sirviera de elemento disuasorio para aquellos que a día de hoy continúan yendo a su residencia para protestar.
La propia Claudina Gutiérrez cuenta cómo fue lo ocurrido:
Lo recuerdo con claridad porque ese día era el cumpleaños de mi hija y fuimos un poco antes de lo habitual. La Guardia Civil no nos dejó pasar del perímetro de seguridad que habían instalado, así que nos sentamos un buen rato en la acera. Antes de marcharnos decidimos dar un paseo con el himno de España en el móvil. Entonces, vinieron los agentes y nos retuvieron durante dos horas. Estaba claro que recibían órdenes, su teléfono no paraba de sonar. Al final nos pusieron una multa para un juicio rápido argumentando que habíamos querido saltarnos la valla de seguridad, lo cual es totalmente falso, era una excusa, querían multarnos y punto-
Al final se decreto el sobreseimiento de la causa y Gutiérrez aseguró que ahora han sido ellos, los denunciados por Iglesia, los que han presentado una querella contra el vicepresidente:
El 1 de julio se celebró el juicio, en principio era a las 12 y luego nos lo cambiaron a las nueve de la mañana. Presté declaración y allí no había nadie en representación de la otra parte. Me preguntaron qué había ocurrido, conté todo ante la jueza. No llamaron ni a los testigos que llevábamos. Poco después, la magistrada emitió su resolución en donde se subraya que de lo actuado no se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad en la persona investigada, no apareciendo de lo actuado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que se procedió a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de las presentes actuaciones. Fue una derrota en toda regla de Iglesias.
Nosotros hemos presentado una querella contra el vicepresidente por un delito de coacciones y otro de falsa denuncia con el agravante de cargo público. Lo que quieren es callarnos y no lo van a conseguir.
MIGUEL FRONTERA Y LOS 14 AÑOS DE CÁRCEL
El hostelero madrileño Miguel Frontera relata el infierno al que se le quiso someter por parte del entorno de Pablo Iglesias. Los hechos ocurrieron terminando la primera quincena de julio de 2020 y lo que el podemita perseguía era meterle en la trena. Hasta 14 años de cárcel le pedían.
Asegura que alguien cercano al entorno del vicepresidente, posiblemente uno de sus escoltas, dijo que Iglesias quería que hubiera detenciones:
Los cargos que se me imputaban eran mucho más serios, me quería meter en la cárcel sí o sí. Yo creo que Iglesias estaba cabreado por sus malos resultados en las elecciones gallegas y quiso pagarla con alguien. Yo me encontraba en una zona donde el terreno se eleva como unos 20 metros y me puse a grabar, aunque realmente no se veía nada del interior de la vivienda. De repente salió de la casa Iglesias y dejé de grabar. Le acompañaban sus escoltas. Escuché a un señor que decía que Pablo había dicho que quería detenciones ya y que rodaran cabezas. Imaginé la que se venía.
Recuera el momento de su detención y hasta como tuvo que entregar su teléfono móvil. Y todo esto con su hija presente:
Cuando la gente que había allí empezó a dispersarse, la Guardia Civil me dijo no podía irme y que les diera mi teléfono. Sin una orden judicial ni nada. Se lo quedaron y no me lo devolvían, de hecho, aún lo tienen y no hay manera de recuperarlo. Entonces me dijeron que me iban a detener y que les dijera qué quería hacer con mi hija, porque yo no podía volver a casa. No me esposaron, la verdad que los agentes se portaron muy bien conmigo. Me llevaron a la comandancia de Galapagar y tras cinco horas allí me soltaron después de firmar unos papeles.
El resultado final fue que el caso se desestimó y ahora es el propio Frontera quien ha interpuesto una doble querella contra el político morado:
El juez desestimó el caso, lo archivó, argumentando que según el artículo 201 del Código Penal, para proceder por el delito de descubrimiento y revelación de secretos es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo que se trate de alguno de los hechos descritos en el artículo 198 o cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, que no es el caso. Y, en consecuencia, en vista de que los supuestos agraviados, Pablo Iglesias Turrión y Enrique Santiago Romero, no han formulado, expresamente, una denuncia, ni es posible hablar de una denuncia tácita.
Días más tarde, Iglesias quiso ampliar la denuncia, lo cual también fue desestimado por el juez. Con todo esto, Pablo debe de haberse quedado quemadísimo, me debe odiar, porque no ha conseguido nada. Le han archivado todas las causas. Ahora confío en que la doble querella contra Iglesias prospere, para que se dé cuenta que no nos puede acosar judicialmente de esta manera.
