Solo faltaba que encima arroparan al caradura.
La Comisión Permanente del CGPJ ha rechazado dar amparo al juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal que dictó la sentencia de la Gürtel, que denunció una campaña en determinados medios de comunicación para responsabilizarle de la moción de censura al Gobierno de Rajoy.
El órgano de gobierno de los jueces informa de que la Comisión Permanente no ha admitido a trámite la solicitud del magistrado al considerar que no se reúnen los requisitos que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, determinan la existencia de un ataque o perturbación de la independencia judicial.
Una decisión que ha contado con el rechazo de los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, favorables todos ellos a admitir la solicitud para estudiarla más adelante.
A De Prada se le atribuyen los párrafos de la sentencia que relatan la existencia de una caja B en el PP, precisamente una cuestión que el Supremo, cuando hace una semana avaló la sentencia, señaló que no puede dar por probada, ya que la formación no fue juzgada por estos hechos.
El Supremo se alineó así con la tesis defendida por su compañero en el tribunal Ángel Hurtado, quien consideró «excesivas» esas alusiones porque no se estaba juzgando al PP por ello.
Este matiz del Supremo sirvió, según De Prada, para dar inicio a una campaña de determinados periodistas y medios de comunicación contra él que atenta a su independencia judicial, por lo que pidió al Consejo que se dirigiera a esos medios para que cesaran lo que cree son ataques que no se amparan en la libertad de expresión.
Por otra parte, la Permanente ha tomado conocimiento del escrito remitido por el juez instructor del caso Dina, Manuel García Castellón, y ha acordado estar al resultado de las investigaciones policiales iniciadas a raíz de su denuncia.
García Castellón denunció ante el CGPJ una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y en algunos medios de comunicación, iniciada después de que haya pedido al Tribunal Supremo que decida si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Ahora bien, aquí también se ha hecho patente la división entre los vocales ya que Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya han anunciado votos particulares porque querían incluir una referencia a la importancia del respeto a la autoridad judicial, tal y como recoge el derecho europeo.
