Máximo nerviosismo en la Fiscalía por el ‘Delcygate’.
La Fiscalía General del Estado, en manos de Dolores Delgado, quiere evitar que desde el Tribunal Supremo se investigue a José Luis Ábalos, así como a su escolta y otros de los funcionarios que participaron en el encuentro en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras con la ‘número dos’ del chavismo Delcy Rodríguez, incumpliendo las sanciones de la UE contra la ‘bolivariana’.
A través de un informe, el Ministerio Fiscal solicitó el 27 de octubre que se desestimen los recursos contra el ministro de Transportes. Una práctica que volvió a repetir este 29 de octubre a través de la Fiscalía Provincial de Madrid para pedir que se archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios que acompañaron a Ábalos.
La parte del ‘Delcygate’ que se instruye en los juzgados de Madrid se basa en querellas y denuncias presentadas por el PP, VOX y Partido Laócratas por presuntos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.
En concreto, VOX se querelló contra Koldo García Izaguirre y otros funcionarios por cuatro delitos: prevaricación, desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones.
Sin embargo, la Fiscalía considera que el juez debería ‘perdónales’.
Si bien reconocen que «no existe duda» de que la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro «no debía entrar o transitar por España» (debido a dicha prohibición de las instituciones comunitarias), intentan justificar la parada de la ‘número dos’ de la dictadura venezolana.
En este sentido, alegan que Rodríguez se limitó a permanecer en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, «que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario», según se desprende del oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Además, afirman desde la Fiscalía que la dirigente venezolana «no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional».
Koldo García
Sobre Koldo García Izaguirre, al que describe como «una de las personas que acompañaba a la autoridad de mayor grado que se encontraba esa noche en el aeropuerto» (el ministro de Transportes, José Luis Ábalos), ha valorado que requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros.
Koldo García Izaguirre es, más allá de un escolta, uno de los amigos de confianza de José Luis Ábalos. Así quedó demostrado con su nombramiento de asesor y consejero de Renfe Mercancías, pese a que el ‘vigilante’ no cuenta con formación en la materia ferroviaria. Sin embargo, poco se ha ahondado en la relación que mantiene García Izaguirre con la política de Navarra, siendo justamente el PNV uno de los partidos que impidió que se investigue el ‘caso Ábalos’ a través de una comisión de investigación.
Fuentes cercanas a Koldo García Izaguirre han explicado a Periodista Digital que, antes de acceder al círculo cercano de José Luis Ábalos, fue el escolta de Miguel Martínez-Falero Pascual, “uno de los abogados más reconocidos de Pamplona” y exportavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Ansoáin (2007) y concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Peralta (1995-1999). “Sus nexos le permitieron estar en la primera línea política de la comunidad, por lo que no sorprendería que, además, sea él quien presionó al PNV para que impidiera la investigación”.
“En Pamplona existe una gran sorpresa al ver cómo Koldo García Izaguirre se encuentra en una posición tan cercana con José Luis Ábalos y el PSOE, cuando en la ciudad se le conocía por su cercanía con el Partido Popular”, explican a este diario. Sin embargo, es importante recordar que el escolta fue concejal del PSN en Huarte (fue número uno en las listas socialistas en ese municipio, aunque también fue incluido en las candidaturas del PSN a otras localidades navarras) durante la legislatura 2011-2015.
Un carácter violento
“Koldo García Izaguirre se caracteriza por ser violento. No nos sorprende que le dejaran a cargo de la protección de Delcy Rodríguez y como dique de contención ante una posible acción de la Policía Nacional contra la representante de Nicolás Maduro”, apuntan a Periodista Digital. Una versión que coincide con las dos condenas que ha recibido a causa de enfrentamientos personales.
El primero, en el año 1995, cuando se le condenó por un delito de lesiones a dos años y cuatro meses de cárcel, tras haber lesionado a un vecino del Valle de Aranguren cuando trabajaba como guarda de seguridad. No obstante, una demostración de sus contactos de alto nivel le permitieron que al año siguiente, el Consejo de Ministros lo indultase.
Sin embargo, en el año 2011 se le volvió a condenar, esta vez, por una falta de lesiones, tras haber participado en una pelea junto a un agente de la Policía Nacional, en la que resultó herido un menor de edad, de 16 años. Los hechos ocurrieron en los Sanfermines del 2010 y la condena fue de 900 euros.
Los otros funcionarios
A este respecto, ha apuntado que Julio San Miguel Mateos (otro funcionario) contó ante notario cómo vio a García Izaguirre solicitar a la tripulación que el vuelo saliese cuanto antes y que le contestaron que no era posible antes de las 14.00 horas.
El Ministerio Público ha aclarado igualmente que, a pesar de que en las querellas y denuncias se describía como que no se hubiesen sellado los documentos a Rodríguez y que no tuviera visado, Venezuela es uno de los países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado en la UE.
Con todo ello, la Fiscalía no ha apreciado el requisito de resultado materialmente injusto para imputar un delito de prevaricación porque le resulta «indiferente» que Rodríguez hubiese permanecido durante el tiempo indispensable en unas instalaciones del aeropuerto que tienen la consideración de zona de tránsito aeroportuario «o en otras».
Tampoco ha apreciado el delito de desobediencia porque se exige la existencia de un mandato directo «que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido».
Asimismo, ha descartado el delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque «en el presente caso es palmario que no ha sido suspendida con carácter general ninguna disposición legal».
No obstante, ha recordado que el Ministerio Fiscal no puede investigar a personas aforadas, como Ábalos, «por lo que, constando la existencia de querellas interpuestas ante el órgano judicial competente para el conocimiento del presente asunto con las personas que resulten ser aforadas, corresponderá a éste la correspondiente resolución».
Presión al Supremo
El ‘Delcygate’ también está en el Supremo por las querellas presentadas por VOX y Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.
Una investigación que Dolores Delgado también quiere paralizar.
Desde la Fiscalía recomiendan al Supremo ‘mandar al olvido’ los procesos iniciados por VOX y el Partido Laócrata contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, pero también recomienda al Tribunal la declaración de competencia de la Sala Segunda y la inadmisión de las querellas acumuladas.
Es decir, acabar con cualquier proceso que pueda resultar incómodo o peligroso para la permanencia en el cargo del ministro de Transportes.
Para justificar su decisión, la Fiscalía apunta a que «no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones».
Es importante recordar que las querellas atribuyen a Ábalos haber prestado autorización para que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras», pese a que «tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo».
La Fiscalía saca la artillería
Lejos de reconocer que la ‘número dos’ del chavismo entró en espacio aéreo español, piso suelo nacional y hasta pudo dejar un gran número de maletas repletas de dinero y oro sin pasar los controles de seguridad, desde la Fiscalía atribuyen todas las acusaciones a unos ‘rumores’.
En este sentido, el informe de la Fiscalía señala que las querellas están «basadas exclusivamente en artículos de prensa» y en la «declaración notarial» de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados».
Como si fuera poco, la Fiscalía también apuntó su artillería contra el delito por el que se pide investigar al ministro socialista.
En relación con el delito de prevaricación, desde el Ministerio Fiscal se indica que «pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria», de modo que «de las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad».
