Vaya por delante que, si a los autores de las pintadas sobre las estatuas de los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero les aplican la misma normativa que a los comunistas que han pintarrajeado la fachada de Periodista Digital, con sus siglas y retratos de Stalin, no tienen los chavales nada que temer.
En nuestro caso y como nos comentó la Policía, cuando acudimos a Comisaría a denunciar el ataque contra la sede de nuestro periódico, explicando que tenemos imágenes en las cámaras de seguridad e identificados como grupo a los autores, porque se han vanagloriado de su fechoría en redes sociales y su propio Twitter, las pintadas no son siquiera un delito de daños.
Lo catalogan como ‘deslucimiento de fachada‘ y ni siquiera llega el asunto al juez.
LOS GREMLINS COMUNISTA CON TOTAL IMPUNIDAD
Atacan la sede de Periodista Digital – https://t.co/4NZ6LfPDzZ— KEMASDA (@Kemasda23) September 28, 2020
Imaginamos que el ministro Marlaska, dócil y solícito como se ha vuelto hacia sus jefes y deseoso de agradar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha movilizado una legión de inspectores para que localicen y detengan a los que han pintado y etiquetado de asesinos a Prieto y Largo Caballero, pero suponemos que -si todos los españoles seguimos siendo iguales ante la ley- no les pasará nada por ‘deslucir‘ las dos estatuas, bastante feas por cierto.
Las estatuas de los dos ministros republicanos y dirigentes socialistas, situadas ambas en la zona de Nuevos Ministerios, han sido objeto de un nuevo ataque con pintura roja y en la base del primero se puede leer la palabra “asesino”.
Lo denuncian en sendos tuits el PSOE y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acompañan sus textos con las fotografías.
La penúltima de estas acciones, que son recurrentes, tuvo lugar el pasado 16 de octubre contra la escultura de Largo Caballero, que los dirigentes de UGT se apresuraron a limpiar en un espectáculo de circo, porque posaron para las cámaras trabajando y en cuanto les hicieron las fotos, cedieron los trastos a trabajadores de verdad.
Teresa Ribera se pregunta en su mensaje de Twitter: “Qué sociedad quieren quienes juegan a enturbiar y violentar los valores democráticos de nuestra sociedad. Nos encontrarán enfrente, defendiéndolos de nuevo. #LargoCaballero #IndalecioPrieto”.
El PSOE señala: “No van a conseguir callarnos. No van a conseguir que el odio impregne nuestra sociedad. #NoPasarán!”.
El pasado 15 octubre, en cumplimiento de una resolución aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, se retiró la placa de Largo Caballero en la Plaza de Chamberí, asunto por el que el PSOE y Más Madrid anunciaron su intención de acudir a los tribunales.
Además, a finales de septiembre, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida decidió retirar las calles a Largo Caballero, presidente de la República (1936-1937) durante la Guerra Civil, e Indalecio Prieto, al apoyar PP y Cs una iniciativa de VOX, haciendo uso de la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno Zapatero.
Poco después, la vicealcaldesa de Madrid y líder de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís, anunció que en adelante su grupo no votará en ninguna iniciativa sobre memoria histórica que se presente en el Consistorio porque su partido, dijo, no se siente «heredero de ninguno de los dos bandos«.
ROJOS, SEGURO… ¿Y ASESINOS?
“El Gobierno y el presidente de la República no lo ignoraban y tenían responsabilidad en todo cuanto estaba sucediendo en Madrid”.
Así se refirió Santiago Carrillo en sus memorias —‘Mi testamento’— nada menos que a la matanza de Paracuellos acaecida en Madrid entre noviembre y diciembre de 1936 y en la que fueron asesinadas alrededor de 2.500 personas durante el denominado ‘Terror Rojo’.
El presidente del Gobierno era en ese momento Francisco Largo Caballero y el de la República, Manuel Azaña.
Las explicaciones de Carrillo, que era el máximo responsable del Orden Público en Madrid, estaban destinadas a auto exculparse pero ofrecen un renovado interés ahora que el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos ha decidido quitarle la calle junto a su compañero del PSOE Indalecio Prieto y en virtud, según han alegado, de la Ley de Memoria Histórica.
VOX ha esgrimido que Largo Caballero fue responsable de las checas, los tribunales populares y «el asesinato de niños en Paracuellos«.
De todos ellos en lo que más se le podría achacar responsabilidad sería en las matanzas de noviembre y diciembre de la capital —si bien no se tiene constancia del asesinato de niños en ese operativo—, pues los tribunales populares ya existían desde el anterior gobierno de José Giral.
Las acusaciones de Carrillo contaban con bastante base como se explicará a continuación: el gobierno de Largo Caballero tuvo responsabilidad y conocimiento de las sacas de Paracuellos. Estas se detuvieron a mediados de noviembre con el nombramiento de Melchor Rodríguez como Inspector General de Prisiones y se reanudaron menos de una semana después por la expresa participación del ministro de Justicia del gabinete de Largo Caballero, Juan Garcia Oliver, que destituyó a Melchor Rodríguez, para poder continuar con el operativo.
Indalecio Prieto por su parte, si bien apoyó la revolución de octubre de 1934 —cuyo máximo responsable en el PSOE fue precisamente Largo Caballero—, ya en el 36 resultó ser el principal opositor del partido en lo que rEspecta a la dirección estratégica del mismo.
Largo Caballero insistía en la dialéctica revolucionaria en los meses previos al estallido de la Guerra Civil, mientras que Prieto abogaba por no encrespar los ánimos contra la burguesía de derechas y el ejército —Paul Preston, ‘El Holocausto español’ (Debate)—. El PSOE se batirá de hecho entre las dos posiciones de Prieto y Largo Caballero. El primero considerado más moderado y el segundo, el que querría «bolchevizar» al partido.
Aún así, el 13 de julio de 1936, uno de los principales líderes de la oposición, José Calvo Sotelo, monárquico de Renovación Española, fue asesinado por un grupo de simpatizantes del Frente Popular que le fue a buscar a su casa y entre los que se encontraba un miembro de la guardia personal del propio Indalecio Prieto.
Nunca se pudo probar ninguna connivencia del político socialista, que además censuró el asesinato públicamente, pero siempre recayó sobre él la sospecha. En cualquier caso, en virtud de la propia ley de Memoria Histórica que ha esgrimido VOX, solo se podrían tener en cuenta los actos acaecidos con posterioridad al 18 de julio.
Lo más grave ocurrió sin embargo en noviembre de 1936, cuando Largo Caballero ante el avance de las tropas de Franco sobre Madrid ordenó la evacuación del gobierno a Valencia porque consideraba que caería antes o después. Finalmente no ocurrió, pero en ese mes y el siguiente tuvieron lugar las más sistemáticas matanzas de toda la Guerra Civil contra ciudadanos encarcelados previamente por la sospecha de ser «simpatizantes» del alzamiento militar y, por tanto, «quintacolumnistas».
El 9 de noviembre, por orden de Largo Caballero, se crearon la Junta de Defensa de Madrid y el comité de Orden Público que dirigiría Santiago Carrillo
Largo Caballero, que era presidente del Gobierno desde septiembre de 1936, fue además quién ordenó el 6 de noviembre la creación de la Junta de Defensa de Madrid que debía tomar el control de la capital en ausencia del Gobierno y el que aceptó casi inmediatamente que se le concediera el comité de Orden Público precisamente a la JSU en la que militaba Santiago Carrillo. Cuatro días antes, había dado entrada también en el Gobierno a dos anarquistas: Juan García Oliver y Federica Montseny, que serían claves en el drama.
Aunque Carrillo negase después participación de ninguna clase —ni siquiera haber tenido conocimiento, para pasmo de todos los historiadores del periodo, incluyendo a Paul Preston que calificó de «ridiculas» sus explicaciones—, lo cierto es que se sabe que él mismo actuó en determinados momentos de la matanza en connivencia con el gobierno. Lo más significativo se resume en la actuación de Melchor Rodríguez, anarquista, también apodado el ‘Ángel Rojo’, que consiguió detener las sacas de Paracuellos durante una semana.
¿Cómo se sabe que el gobierno tuvo responsabilidad en la matanza? Porque fue el propio ministro de Justicia en el gabinete que presidía Largo Caballero, García Oliver, el que ordenó deponer a Rodríguez del cargo de Inspector General de Prisiones, de forma que las sacas y los fusilamientos pudieran continuar.
