El Alto tribunal aún no tendrá en sus manos la solicitud de investigar a Iglesias, hasta que la Audiencia Nacional agote sus procesos

La Fiscalía del Supremo sumerge a Iglesias en sus ‘cloacas’ y da un paso más hacia su imputación

La Junta de Fiscales ve indicios de delito en el comportamiento del líder de Podemos y devolvió la investigación a las manos del juez Manuel García-Castellón

La Fiscalía del Supremo sumerge a Iglesias en sus ‘cloacas’ y da un paso más hacia su imputación

Pablo Iglesias está un paso más cerca de una posible imputación.

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo reconoció que ve indicios de delito en el comportamiento del vicepresidente del Gobierno, según adelanta OkDiario.

No obstante, la Fiscalía en manos de la socialista Dolores Delgado optó por entregarle al líder de Podemos un ‘salvavidas’ y no enviará aún la petición al Alto tribunal para que sea investigado.

Al contrario, optó por otro camino: devolver el caso a la Audiencia Nacional, a manos del juez Manuel García-Castellón, al que le solicitarán que amplíe la investigación y vuelva a tomar declaración de Dina Bousselham.

La investigación regresa a las manos del magistrado que viene sufriendo una campaña de acoso y amenazas en las redes sociales, así como de desprestigio desde el Gobierno, así como denunció el propio Manuel García-Castellón.

Que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo vea indicios de delito coloca un paso más cerca de la imputación a Iglesias.

En este sentido, el Ministerio Público creen que hay encaje legal para una imputación al vicepresidente segundo, pero quieren que García-Castellón agote la investigación. El motivo es que uno de los delitos, el de revelación de secretos, depende del perdón de la afectada. Es decir, Dina.

Es importante recordar que el líder de Podemos se enfrenta a una posible condena de nueve años por tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su exasesora.

Iglesias se encuentra al borde de una imputación después de que el juez del caso Dina enviara un escrito al Tribunal Supremo, el juez acusaba al vicepresidente de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito por la destrucción de una tarjeta de memoria del teléfono de la que fuera su asesora Dina Bousselham.

Al ser aforado Iglesias, el escrito entró en el Supremo donde la Sala de Admisiones pidió que la Fiscalía que informara sobre si creen que hay o no delito.

Así, el primer paso para una posible imputación ante el Alto Tribunal se produce con la junta de fiscales.

El informe de los fiscales podría llegar la semana que viene al Supremo, donde la Sala de Admisiones decidirá si hace caso y devuelve el asunto a García-Castellón, si archiva o si abre un procedimiento allí y nombra un instructor.

Presiones comunistas al juez

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, está sufriendo una campaña de acoso e intimidación por solicitar la imputación de Pablo Iglesias.

El magistrado, que instruye el ‘Caso Dina’, notificó al Consejo General del Poder Judicial la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales.

Una intimidación que, según denuncia el juez, es promovida por el Gobierno del PSOE-Podemos, ya que miembros del Ejecutivo repiten y amplifican los mensajes contra su persona.

García-Castellón denuncia que esos dirigentes, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».

El antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente, admitió tener miedo de “la guerrilla de Podemos”. Un ala violenta del partido de extrema izquierda que podría estar tras las amenazas de muerte al juez.

La Guardia Civil y Policía Nacional iniciaron una investigación, como indica VozPópuli, por las amenazas de muerte y de palizas que ha recibido el juez tras la decisión judicial que pone en ‘jaque’ el futuro político del líder de Podemos.

Hasta la fecha, las amenazas de muerte se han producido en las redes sociales. El mismo canal donde otras figuras afines al partido de extrema izquierda también admiten tener la intención de localizar al juez para agredirle físicamente.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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