El juicio se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid

Una madre y su hija podrán terminar en prisión por pasear cerca del chalet de los ‘marqueses de Galapagar’

La Fiscalía de Madrid solicitó 12 y 6 meses de prisión a dos mujeres que presuntamente habrían pasado el perímetro de seguridad de la costosa propiedad del líder de Podemos

Una madre y su hija podrán terminar en prisión por pasear cerca del chalet de los 'marqueses de Galapagar'
Irene Montero y Pablo Iglesias en su chalet PD

Pablo Iglesias, quien defendió las expropiaciones a la propiedad privada, no soporta que nadie pasee cerca de su costoso chalet.

Los ‘marqueses de Galapagar’ entablaron una guerra con sus vecinos tras las protestas que se originaron por la nefasta gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus. Una situación que llevó a los líderes de Podemos a acusar a algunos de ellos de “acoso” en los tribunales (sin éxito) o que les presionaran con multas policiales.

Lejos de calmarse las aguas, una madre y su hija podrán terminar en la cárcel por pasear cerca del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero.

La Fiscalía de Madrid solicitó un año de prisión para Ana Isabel Q.D. y otros seis meses para su madre Ascensión D. B. por presuntamente no respetar el perímetro de seguridad que la Guardia Civil había colocado entorno al chalet de Galapagar.

El representante del Ministerio Público imputó a la madre un delito de desobediencia y a la hija un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra.

El juicio se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid.

La versión de la Fiscalía

La Fiscalía, en manos de la socialista Dolores Delgado (exministra de Justicia de Pedro Sánchez), afirma que las dos acusadas acudieron sobre las 17.30 horas del pasado 30 de octubre de 2020 a las inmediaciones de la zona donde tienen su residencia Iglesias y Montero.

Según la Fiscalía, cuando agentes de la Guardia Civil, «uniformados y debidamente identificados», se disponían a establecer el perímetro de seguridad ambas mujeres «mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad».

Pese a las advertencias, la Fiscalía argumenta que, «lejos de deponer su actitud», madre e hija persistieron en su comportamiento «haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban».

De hecho, se aproximaron a los agentes gritándoles a escasos centímetros de sus rostros, «prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas» e incluso les propinaron golpes con las manos en el pecho «motivo por el cual, los agentes, tras informarles de las consecuencias legales de su comportamiento, comenzaron a avanzar con los brazos extendidos, empleando la mínima fuerza indispensable para desplazarlas y conseguir finalmente que despejaran la zona».

Sin embargo, en un momento dado, Ana Isabel Q. trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad «con la intención de aproximarse a la vivienda».

Allí fue interceptada por un agente «quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía «hijo de puta», intentó agredir con el bolso al Agente en el rostro, golpe que este esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna».

Los vecinos, ‘hasta el moño’

Las presiones e intimidaciones de los ‘marqueses de Galapagar’ tienen ‘hasta el moño’ a sus vecinos.

En agosto de 2020 se conoció que estaban organizándose para realizar una querella contra el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad, al considerar que habrían incurrido en un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa con el agravante de cargo público.

Alrededor de una veintena de vecinos conformarían la querella contra el líder de Podemos, ya que están viendo cómo se intenta mermar su derecho a la protesta a través de denuncias y un gran número de sanciones administrativas. Todo por mostrar su descontento frente al ‘casoplón’ de Iglesias.

Es protesta, no acoso

A pesar de que Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaron a manifestantes por acosar su vivienda, la justicia no les ha dado la razón.

Por ejemplo, Claudina y Ascensión se enfrentaron a un juicio rápido que finalmente fue archivado tras ser denunciadas cuando paseaban por las inmediaciones del chalet portando la bandera de España y sintonizando en sus teléfonos móviles el himno nacional que, debido a la escasa capacidad del volumen, apenas podía oírse.

Sin embargo, el ‘sablazo’ más doloroso para la pareja fue el revés legal que sufrió con la edil de VOX en Galapagar.

La juez desestimó la denuncia de la pareja de Pablo Iglesias contra la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.

La ministra de Igualdad la demandó por acoso, debido a que participó en las caceroladas a las puertas del lujoso chalet de Galapagar. Tras una sesión judicial el pasado 10 de julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 dictó el sobreseimiento provisional del caso.

La Justicia no dio la razón a Montero, quien afirmó que Gómez Carvajal cometió un supuestos delitos “coacciones” y “acoso diario en su domicilio y redes sociales” por acudir a las manifestaciones diarias realizadas frente a la lujosa vivienda de Iglesias y Montero.

La juez, que escuchó los alegatos de Montero a través de videoconferencia, consideró que la Edil de VOX estaba haciendo ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a la protesta pacífica.

La decisión supone un duro golpe para Irene Montero.

Es importante recordar que el 23 de junio, la pareja de Iglesias anunció la demanda en televisión y hasta mostró los vídeos grabados por la concejal, esos que ella difundió en Twitter con las protestas.

Según la ministra, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar «agrava e incide en la responsabilidad de su conducta».

También en su denuncia, Montero incluía enlaces con tuits en los que se veían las protestas cerca de su domicilio. En uno de esos vídeos publicados, la concejal de VOX dice que es la «21ª cacerolada» y que «como todos los días no faltamos a nuestra cita».

Todos unos argumentos que no convencieron a la juez, que terminó protegiendo a Cristina Gómez Carvajal y dando un nuevo ‘varapalo’ legal a Podemos.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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