Bruselas tenía 10 días para mandar a 'La Pepona' a Madrid

Bélgica extradita a España a la terrorista de ETA Natividad Jáuregui, asesina del teniente coronel Romeo

La miserable ha sido trasladada por agentes de policía españoles en un avión de línea

Bélgica extradita a España a la terrorista de ETA Natividad Jáuregui, asesina del teniente coronel Romeo

gentes de la Policía Nacional han trasladado este 22 de noviembre de 2020 a España a la etarra Natividad Jáuregui, reclamada por la Justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, tras ser entregada por las autoridades belgas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega Europea emitida en octubre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Ha caído como un conejo la asesina y ahora tendrá que ser juzgada.

La etarra Natividad Jáuregui, reclamada por las autoridades españolas por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, ha sido detenida este 21 de noviembre de 2020 en Gante (Bélgica).

El Tribunal de Casación belga confirmó el pasado martes la sentencia que ordena la entrega a las autoridades españolas de la vieja terrorista, reclamada por la Justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981.

Las autoridades judiciales belgas cuentan con «un plazo de diez días» para ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y coordinar con las autoridades españolas la entrega de Jáuregui.

Jáuregui ha sido detenida este viernes en Gante por lo que los tribunales belgas «han aceptado la petición de la Audiencia Nacional española de extraditarla tras haberse negado a hacerlo en varias ocasiones anteriormente».

La reacción de los proetarras, aliados del Gobierno Sánchez y respaldo de sus presupuestos, ha sido inmediata:

«Varios sectores reaccionarios desean que este país vuelva al pasado. La apuesta del Estado profundo es clara: quieren dilatar y mantener vivo el fantasma de la lucha armada, con el objetivo tanto de perpetuar la situación que padecen los presos y exiliados políticos vascos, como de dificultar de manera clara el camino de la liberación de Euskal Herria».

Sortu ha denunciado el «cambio de postura» de los tribunales de Bélgica, y ha pedido al Estado belga que «deje de apoyar dicha estrategia reaccionaria», y al Gobierno de España a «terminar con esta dinámica».

«Para poder resolver democráticamente el conflicto vasco debemos dar solución a la situación de los presos y exiliados políticos vascos, así como a todas las consecuencias del conflicto. Es hora de traer a todas y a todos a casa, no de llenar la cárceles».

MARISCADAS LA PEPONA

Fue el 19 de marzo de 1981, en Bilbao, cuando un comando de la banda terrorista ETA mató al teniente coronel Romeo.

Le esperaban a la salida de misa y le dieron un tiro en la nuca. La asesina fue Natividad Jaúregui.

Después de 34 años a la fuga, Natividad Jáuregui Espina, alias Pepona, fue detenida, por primera vez, el ocho de octubre del 2013 en Gante.

Ese día, sin embargo, no marcó el principio del fin de la impunidad para la etarra que apretó el gatillo sino el comienzo de un largo recorrido por los tribunales para la familia Romeo que les ha llevado hasta la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la que Bélgica tuvo explicar por qué se negaba a extraditarla a España.

“Existen serios motivos para pensar que la ejecución de la orden europea podría vulnerar los derechos fundamentales” de la detenida, adujeron los jueces del Tribunal de Apelaciones de Gante para rechazar la petición de la Audiencia Nacional. Jáuregui sigue libre. Ha cambiado de teléfono y borrado su rastro en las redes sociales, donde se presentaba como María Sukalde (cocina, en euskera), pero sigue viviendo en el mismo piso de la avenida Bernard Spae de Gante donde la policía belga la detuvo en el 2013.

Entre 1984 y 1988 Jáuregui se ocultó en Francia (“se exilió”, según sus abogados) y luego huyó a México con su pareja, José Antonio Borde. En el 2003, un año después de que él fuera detenido y extraditado a España, se fue a Bélgica. Tal y como reveló este diario, Jáuregui (San Sebastián, 1958) se ha creado una nueva identidad en Gante, donde goza de una amplia red de contactos que le ha facilitado desde el alquiler de una vivienda hasta tarjetas de crédito. Reinventada como cocinera, tenía su propia empresa de catering. Sus tapas de vanguardia le dieron tal fama en la ciudad que acabó apareciendo en un libro de recetas.

Su pasado terrorista sorprendió a sus conocidos. Desconcertada, una vecina relató en su día a esta cronista el escándalo que Jáuregui montó el día que encontró un ratón en casa.

“No es ninguna mosquita muerta ni una jovencita que defienda los derechos de los vascos”, se indigna la hija del militar asesinado.

“Es alguien que tuvo la sangre fría de esperar a que mi padre saliera de la iglesia para darle un disparo en la nuca con toda su cobardía”.

La negativa belga a extraditarla dejó perpleja no sólo a la familia Romeo sino a los juristas. Por primera vez desde que en el 2004 entró en vigor de la orden europea de detención y entrega los jueces de un país de la UE rechazaban la petición de otro Estado miembro alegando dudas sobre el respeto a los derechos humanos, alejándose del principio de confianza mutua, piedra angular del sistema.

“Era un caso de libro. El mandato europeo de detención y entrega se creó pensando en este tipo de situaciones”, afirma el jurista Michaël Meysman. La coincidencia de varios recursos en el Tribunal de Justicia de la UE y en Estrasburgo cuestionando las garantías del sistema para los detenidos “alimentó fuertemente las dudas de los jueces de Gante”, sostiene Meysman, que se doctoró con una investigación sobre el caso Jáuregui.

En los últimos años, Francia, Suiza y el Reino Unido han detenido y enviado a España a varios miembros de la banda terrorista, que en abril entregó las armas. Con la extradición este mes del sanguinario etarra Antonio Troitiño, la orden europea de Jáuregui es la única pendiente de ejecutar para un miembro de ETA cuyo paradero se conoce, afirman fuentes del Ministerio del Interior.

La batalla para la entrega de Troitiño duró seis años y exigió un enorme despliegue de medios, pero las discusiones con los jueces británicos no versaron sobre el supuesto riesgo de tortura como con Jáuregui sino sobre la necesidad de su presencia en España para notificarle la apertura de juicio.

Aunque la demanda de extradición de Pepona fue aceptada en primera instancia, el Tribunal de Inculpación de Gante asumió los argumentos de la defensa, que planteó el caso “en un contexto histórico más amplio que la historia política contemporánea de España”.

Se remontó al bombardeo de Gernika y la represión franquista y citó un informe del 2011 del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa crítico con la detención incomunicada para justificar el riesgo de malos tratos. La Fiscalía federal, que siempre se ha alineado con España, contestó la decisión replicando que la ley habla de riesgos serios de vulneración de los derechos humanos, pero el Tribunal de Casación rechazó el recurso y Jáuregui recuperó la libertad.

En el 2015, la Audiencia Nacional emitió una nueva orden europea en la que explica que España contestó las acusaciones de tortura y el Comité no ha vuelto a suscitar el tema y presenta un dictamen del Consejo de Ministros del Consejo de Europa del 2015 que afirma que la detención de sospechosos de terrorismo en España es conforme con la Convención.

También detalla los términos en que se aplica la detención incomunicada que, en el caso de Jáuregui, afirman fuentes jurídicas, no parece necesario aplicar ya que el resto del comando está en la cárcel.

La policía belga volvió a detener a la etarra el 20 de junio del 2016, pero la puso en libertad el mismo día. La secuencia judicial se repitió: los jueces de Gante estimaron que no había elementos nuevos, denegaron la extradición, la Fiscalía recurrió, pero el Tribunal de Casación no vio errores de derecho en el dictamen original y confirmó su validez.

Jáuregui seguía libre y hasta regularizó su situación como residente en Bélgica.

Agotadas las vías judiciales en el país, los cinco hijos del militar denunciaron a Bélgica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por privarles de su derecho de acceso a la justicia.

Estrasburgo, que hasta ahora nunca había examinado una denuncia de una víctima de la violencia de ETA, era su último recurso.

Ahora, si no se tuercen las cosas o si el Gobierno PSOE-Podemos no chalanea con los malvados, habrá algo de Justicia.

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