Pablo Echenique podrá encadenar su tercera condena consecutiva.
El portavoz de Unidas Podemos está teniendo una ‘mala racha’ desde que fue condenado por sus ‘chanchullos’ a la Seguridad Social y posteriormente ser señalado por Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF como el apoderado en la cuenta de Podemos vinculada a Neurona.
Echenique también recibió un nuevo ‘varapalo judicial’ al ser condenado a pagar 80.0000 euros por atentar contra el honor de Manuel López, a quien en 2019 acusó de haber violado a la entonces candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza.
Una sanción que también recae sobre el asesor de Comunicación de Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo Ibáñez.
Ahora, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados está a las puertas de la que podría ser su tercera condena consecutiva en 2020.
VOX presentó ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid una solicitud para la celebración de un acto de conciliación previo a querella frente a Pablo Echenique.
El partido de Santiago Abascal le acusa de «estigmatizar» y generar odio contra su partido y sus simpatizantes.
Para justificar su acusación, desde VOX se centran en un mensaje escrito por Echenique en la red social Twitter el pasado 31 de octubre.
En concreto, se trata de un ‘tweet’ donde Echenique escribió junto a una imagen: «son neonazis violentos apoyados por VOX», haciendo referencia a las manifestaciones que se registraron en contra de las medidas de prevención del COVID-19.
"Que se jodan los judíos", una estrella de David tachada y debajo la variación de la cruz celta usada por el tercer Reich.
Son neonazis violentos apoyados por VOX, pero en la tele te contarán que son "negacionistas" o "manifestantes contra el estado de alarma". https://t.co/4Rjr1ltKOX
— Pablo Echenique (@pnique) October 31, 2020
En su escrito, VOX argumenta que lo expresado en dicho ‘tweet’ es una «manifiesta falsedad» con la que Echenique «pretende que este partido sea identificado con grupos neonazis violentos«.
Argumenta además que Echenique, «siendo conocedor de su falsedad», tiene como única motivación la de tratar de difundir la infamia contra el partido liderado por Santiago Abascal, y con ello, «no sólo contra el derecho al honor del partido político VOX, sino también a sus votantes y seguidores, a fin de estigmatizar y generar odio contra ellos».
«Las opiniones políticas que pueden verter amparados en el derecho de expresión, cualquier persona y en particular, cargo público como es el caso, encuentra su límite en el derecho al honor de la formación«, recuerda en el escrito de solicitud de conciliación.
Por todo ello, VOX solicita que Echenique, en concepto de reparación, se retracte de las acusaciones, a través de una publicación del mismo modo, y con los mismos medios empleados para la difusión de las mismas, a retirar sus manifestaciones, reconocer lo incierto de las mismas y el pago de 10.000 euros, que, adelanta la formación, se donarán a la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil.
Sin embargo, las condenas contra Echenique no son las únicas que afronta el partido de Pablo Iglesias.
Una ‘gama’ criminal
Es importante recordar que el líder de Podemos está ‘en la cuerda floja’ después que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solicitó al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias [como había advertido Periodista Digital] por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del ‘Caso Dina’.
A la espera de si se imputa o no al vicepresidente segundo, la lista de podemitas que han chocado contra la ley es larga.
Irene Montero se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció “trato discriminatorio” de la Ministra de Igualdad y un “despido arbitrario”. Podemos ha terminado pagando a la extrabajadora evitando así ir a juicio.
Dentro del partido de extrema izquierda también hay figuras como la violenta Isa Serra, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, quien fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.
También permanece en su cargo Alberto Rodríguez Rodríguez, el diputado de Podemos que tiene una causa abierta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por ser considerado el autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
Igualmente, a raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por “atentado a la autoridad”.
No se puede olvidar a Rita Maestre, quien asaltaba capillas ligera de ropa al grito de “más bolas chinas y menos rosarios”. Tampoco a Ramón Espinar, quien fue señalado por ganar 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla”, y ni hablar del dirigente de Podemos condenado en 2016 por agredir a un edil del PSOE.
Uno de los delitos más graves estuvo protagonizado por José Oliver, dirigente del Podemos en Baleares y que fue condenado a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por la posesión de 148 gramos de metanfetamina. Como si fuera poco, también fue detenido por trapicheo de drogas Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote.
Pedro de Palacio Maguregui, que fue líder de Podemos en Burgos y diputado en Castilla y León, fue condenado por abusos sexuales a una niña de 5 años.
El 40% del órgano de dirección de Podemos ha tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia. A lo que se suma que el propio partido se encuentra además imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal, donde entran sus polémicos acuerdos con la consultora chavista Neurona.
