El Tribunal Supremo solicitó un suplicatorio para investigar a Alberto Rodríguez por presuntamente patear a un policía

La justicia ‘acorrala’ al secretario de Organización de Podemos para investigarle por patear a un policía

Podemos necesitará los votos del PSOE para evitar una nueva investigación judicial en contra de uno de sus integrantes

La justicia ‘acorrala’ al secretario de Organización de Podemos para investigarle por patear a un policía
Alberto Rodríguez junto a la Policía Nacional PD

La Justicia vuelve a colocar a Podemos contra las cuerdas.

El Tribunal Supremo está ‘acorralando’ al secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, en el propio Congreso de los Diputados.

La medida llega pocos días después de que Pablo Echenique saliera trasquilado con una condena de 80.0000 euros por atentar contra el honor de Manuel López, a quien en 2019 acusó de haber violado a la entonces candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. 

Sin olvidar que el portavoz de Unidas Podemos también fue condenado por sus ‘chanchullos’ a la Seguridad Social y posteriormente señalado por Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF como el apoderado en la cuenta de Podemos vinculada a Neurona.

Ahora, el partido de Pablo Iglesias necesitará del cobijo del PSOE para evitar que uno de sus integrantes vuelva a los tribunales.

Patear a un policía

El Tribunal Supremo solicitó un suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar a Alberto Rodríguez, acusado de presuntamente patear a un policía en una manifestación del 25 de enero 2014 contra contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

La petición del Supremo ya está en manos de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, quien el próximo lunes 30 de noviembre lo llevará a la Mesa de la institución para que arranque su tramitación.

Es importante recordar que el juez del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente.

La medida se tomó después de que el diputado de Podemos se negó a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él, por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones.

Una espera de dos meses

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que sucederá el próximo lunes 30 de noviembre.

A partir de ahí, Batet tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.

Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave.

En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

¿Un condenado más para Podemos?

Es importante recordar que el líder de Podemos está ‘en la cuerda floja’ después que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solicitó al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias [como había advertido Periodista Digital] por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del ‘Caso Dina’.

A la espera de si se imputa o no al vicepresidente segundo, la lista de podemitas que han chocado contra la ley es larga.

Irene Montero se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció “trato discriminatorio” de la Ministra de Igualdad y un “despido arbitrario”. Podemos ha terminado pagando a la extrabajadora evitando así ir a juicio.

Dentro del partido de extrema izquierda también hay figuras como la violenta Isa Serra, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, quien fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.

Igualmente, a raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por “atentado a la autoridad”.

No se puede olvidar a Rita Maestre, quien asaltaba capillas ligera de ropa al grito de “más bolas chinas y menos rosarios”.  Tampoco a Ramón Espinar, quien fue señalado por ganar 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla”, y ni hablar del dirigente de Podemos condenado en 2016 por agredir a un edil del PSOE. 

Uno de los delitos más graves estuvo protagonizado por José Oliver, dirigente del Podemos en Baleares y que fue condenado a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por la posesión de 148 gramos de metanfetamina. Como si fuera poco, también fue detenido por trapicheo de drogas Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote.

Pedro de Palacio Maguregui, que fue líder de Podemos en Burgos y diputado en Castilla y León, fue condenado por abusos sexuales a una niña de 5 años.

El 40% del órgano de dirección de Podemos ha tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia. A lo que se suma que el propio partido se encuentra además imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal, donde entran sus polémicos acuerdos con la consultora chavista Neurona.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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