Podemos está rogando clemencia al juez para que archive el ‘Caso Neurona’.
El partido de Pablo Iglesias, que acaba de sufrir la doble condena contra Pablo Echenique, quiere cerrar la peligrosa investigación de financiación irregular.
Para intentar convencer al juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Podemos alega que tras la ronda de declaraciones de investigados y testigos, ha quedado acreditado que «no existen indicios de financiación irregular, y no procede la imputación por un presunto delito electoral» al tratarse de una persona jurídica.
«Visto el estado actual del procedimiento, venimos a solicitar el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa respecto del partido político Podemos, revocando y dejando sin efecto su condición de investigada», reza el escrito presentado el pasado 23 de noviembre al juez Juan José Escalonilla.
Para justificar la petición de archivo, los abogados de Podemos se basan en gran medida en la declaración prestada en calidad de testigo por Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos que junto a su antiguo colaborador y denunciante de la causa, José Manuel Calvente, dijo que llevaron a cabo una investigación «sigilosa» tras detectar varias irregularidades, entre las que destacan supuestos contratos simulados con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
«En realidad, hasta tal punto era supuestamente sigilosa y secreta la supuesta investigación, carente de cualquier justificación documental, que prácticamente se nos obliga ahora a un acto de fe para confirmar que realmente se llevó a cabo», señala Podemos.
Además, enfatizó que tanto Carmona como Calvente se han negado a revelar la identidad de las personas que pusieron en su conocimiento las supuestas irregularidades, por lo que habla directamente de «fuentes ignotas».
Podemos incluso llega a apuntar a una posible responsabilidad de Carmona por no seguir los protocolos internos como «máxima garante del cumplimiento normativo», sugiriendo que sus pesquisas «habrían rebasado ‘líneas rojas’ al no respetar en modo alguno los derechos fundamentales de las personas a las que estaría investigando, manteniendo una investigación prospectiva».
Las dudas sobre la Fiscalía
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mostrar peligrosos signos de faltar a la separación de poderes.
Una vez más, la polémica apunta hacia la Fiscalía. No solo porque esté en manos de la exministra socialista Dolores Delgado, sino porque la fiscal que investiga las cuentas de Unidas Podemos de las elecciones generales de abril de 2019 es asesora del Gobierno.
En concreto, Lorena Álvarez Taboada forma parte de la comisión de expertos que trabaja bajo las órdenes del Ministerio de Justicia para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Es importante recordar que Álvarez Taboada es figura clave en el procedimiento por el que se encuentran imputados miembros de la cúpula de Podemos y el propio partido como persona jurídica. El partido de Pablo Iglesias está señalado como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.
Dicha investigación a Podemos parte de una denuncia presentada por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, que defiende que Podemos pudo haber incurrido en irregularidades al contratar a la consultora Neurona de cara a las generales de abril de 2019 (apuntaba además al desvío de 50.000 euros de la caja de solidaridad de Podemos a la asociación).
Presión a favor de Podemos
Desde la Fiscalía (en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado) se está presionando al juez para que no investigue la presunta financiación irregular de Podemos.
A través de la Fiscalía Provincial de Madrid se envió un escrito ante el juez que investiga a Podemos solicitándole que desestime el archivo de la causa.
En este sentido, respalda el interés del partido de extrema izquierda e incluso adopta sus argumentos, ya que la Fiscalía considera que mantenerle como imputado “resulta más garantista” aunque considere que aún no existen indicios de ese delito.
Así respondió la Fiscalía al recurso de apelación que interpuso Podemos hace más de dos meses en contra de la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato con Neurona Consulting para la campaña electoral de 2019.
A lo que agrega que si el partido de extrema izquierda no tuviera condición de investigado “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”.
La Fiscalía insiste en su escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que los «únicos» hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil Neurona.
Sin embargo, entiende que es esos hechos, como se refiere en el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.
En este sentido aclara también que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometido por persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales”.
El fantasma de ‘Neurona’
Desde el Gobierno, y en concreto desde Podemos, existe un gran interés por cerrar cuanto antes el ‘Caso Neurona’. Más ahora, que la victoria electoral de Evo Morales en Bolivia les facilita el cese de filtraciones a la justicia española desde el país latinoamericano.
Es importante recordar que la consultora Neurona recibió, al menos, 1,6 millones de euros del Gobierno de Evo Morales.
Los contratos, que están siendo investigados por la Justicia del país andino por su presunta relación con la corrupción, llevaron a la imputación de 14 altos cargos del Gobierno de Evo Morales. Un grupo que podría crecer internacionalmente por los nexos de Neurona con los fundadores de Podemos.
Con Luis Arce en la presidencia, se prevé que el MAS buscará ocultar y destruir todos los documentos que puedan comprometer a Podemos (con quienes realizaron la campaña de 2019 a cambio de 300.000 euros, una operación tildada de irregular por el Tribunal de Cuentas de España) y, en particular, a Juan Carlos Monedero, quien está vinculado directamente con la consultora.
