No se han asustado los jueces, ni parece que vayan a hacerlo en breve, por mucho que amenace el Gobierno PSOE-Podemos y carguen contra ellos las cadenas de televisión, los diarios y los tertulianos de la Brunete Pedrete.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha plantado ante la reforma unilateral del Gobierno que pretende limitar sus funciones y ha acordado emplazar al Congreso a que, antes de llevar a cabo cualquier modificación de sus atribuciones, escuche a las partes implicadas, entre ellas al propio órgano de gobierno de los jueces o la Comisión de Venecia (Consejo de Europa).
El CGPJ, que preside en funciones Carlos Lesmes, ha aprobado en el Pleno de este 17 de diciembre de 2020 cuatro nombramientos.
Unas designaciones que se producen después de que PSOE y Podemos hayan iniciado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de Ley para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, tal y como sucede en la actualidad, para evitar designaciones clave en la cúpula judicial.
El Gobierno de los jueces ha designado por 17 votos al titular del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Sucede en el cargo a Ricardo Bodas tras su nombramiento como magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
También ha reelegido por 18 votos a la magistrada María José Renedo, como presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León. Además, ha nombrado al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo, David Ordóñez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias por 18 votos; y con los mismos apoyos se ha nombrado al magistrado Joaquín González Casso, como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.
No se descarta el nombramiento de otro magistrado para la Sala Militar cuya votación no sería necesaria. El Gobierno de los jueces también ha aprobado las bases para realizar otros 12 nombramientos pendientes de este año. Previsiblemente, se hagan a partir del mes de enero.
El Pleno también ha aprobado por 16 de los 21 votos un acuerdo de 3 páginas para solicitar al Congreso de los Diputados que recabe un informe del Consejo de Europa y otro al propio CGPJ sobre la proposición de Ley presentada por PSOE y Podemos para paralizar sus nombramientos.
Por último, el CGPJ reclama en el mis acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que «procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como reclamando se viene exigiendo desde esta institución».
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Enrique Lucas, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra. El primero ha anunciado la formulación de un voto particular al que se adherirán los otros cuatro.
La propuesta del PSOE y Podemos
La iniciativa, cuya tramitación ha comenzado, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones y apunta la «necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato».
Esta medida afectaría al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.
Tal y como avanzó LD, además de los nombramientos citados, el CGPJ tenía pendiente otras 25 designaciones antes de fin de año: 7 magistrados del Tribunal Supremo; 6 presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Canarias, Extremadura y País Vasco (3).
También están pendientes de designarse por el CGPJ las presidencias de 12 Audiencias Provinciales de Almería, Baleares, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Gerona, Granada, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Salamanca.
