Ya es palpable a todas luces que el jarabe democrático que recetaban a los demás no les gusta a ellos.
Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero, han llegado a un punto máximo de desquiciamiento ante las protestas diarias que se producen cerca de su casoplón de Galapagar, en la sierra norte de Madrid, y han decidido tomar medidas drásticas.
Y eso que los ciudadanos que se manifiestan cerca de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno Sánchez y de la ministra de Igualdad no pueden acercarse a menos de medio kilómetro.
A quien le emocionaba que se patease a un agente de la Policía Nacional ahora recurre a esos mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que protejan su residencia de unos ataques tan inofensivos como pueden ser los de unas simples personas de a pie vociferando, pancarta en mano, con un megáfono o poniendo a toda pastilla el himno de España.
Pero a Iglesias y Montero no les parece suficiente esa protección y pretenden acallar de todas todas esas manifestaciones alegando tener miedo a lo que pudiera pasar. Y uno de los objetivos que se han marcado es intentar poner a buen recaudo al hostelero Miguel Frontera porque les molesta a los ‘marqueses’ que ponga el himno nacional.
Sin embargo, la memoria de los podemitas es muy débil e inconsistente y se dejan en el tintero que ellos mismos protagonizaron, fomentaron y alentaron escraches contra la entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la entonces vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o el acoso que vivió la fundadora de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, en la Universidad Complutense.
Todas esas acosadas tuvieron que aguantar estoicamente toda suerte de insultos y amenazas sin que, posteriormente, recurriesen a hacer una panoplia, una demostración de fuegos de artificio anunciando querellas a diestro y siniestro.
Pero los de Unidas Podemos son de otra pasta. Duros contra los demás, pero blanditos cuando se sienten atacados (o creen sentirse así) y entonces como niños mimados recurren a quejarse al juez tirando de chequera para tener la mejor defensa legal posible.
Por eso, el matrimonio Iglesias-Montero ha optado por recurrir, tal y como publica esdiario, a los servicios de la letrada que tiene enfilado al rey emérito Juan Carlos I.
Se trata de Elena Vázquez Núñez, una letrada muy conocida por su participación en algunos de los casos más relacionados con la llamada «judicialización de la política» que, cuando lo hace VOX personándose como acusación particular, provoca grandes protestas e incluso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitarlo.
La abogada de Iglesias es la misma que encabezó las querellas contra el rey emérito ante el Tribunal Supremo con el argumento de haber recibido dinero por parte de terceros países sin que luego lo haya declarado ante el fisco español.
El problema para esta letrada es que su empeño choca frontalmente con el criterio de la Fiscalía y del propio Alto Tribunal, que no ven consistentes las acusaciones presentadas por Vázquez Núñez.
