Dos varas de medir. De vergüenza, pero España es así. Y los ejemplos son numerosos.
El pasado 10 de noviembre de 2020, la Audiencia Nacional inició el juicio por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
Fue aquel uno de los episodios más brutales y sanguinarios que se han vivido nunca en la Ciudad Condal. Quizás sólo a la altura del atentado de Hipercor, a manos de ETA, en la década de los ochenta.
El balance fueron 16 muertos y 164 heridos.
De la tropa de fanáticos islámicos que perpetró la carnicería, quedan vivos tres facinerosos: Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona); Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en la carnicería de Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien prestó su documentación y su furgoneta isotérmica para comprar y transportar los explosivos.
Pues para este último, la fiscalía pidió sólo ocho años de cárcel..
En otras palabras, que si la Audiencia Nacional hace caso, participar en una masacre como la de La Rambla puede salirle a un terrorista islámico mucho más barato que ser la esposa del tesorero del PP y estar enterada de que este tenía cuentas corrientes chungas. Como suena.
Y yendo al caso que hoy nos ocupa: el pasado mes de julio, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila), en la que se encuentra cumpliendo condena Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, planteó concederle el tercer grado.
Una propuesta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias rechazó conceder al cuñado del Rey Felipe VI.
Esto ocurre mientras los etarras han sido beneficiados con acercamientos al País Vasco o con disminución de sus grados penitenciarios con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En total se han producido más de 50 acercamientos a cárceles más próximas al País Vasco de los presos de ETA dentro de una política penitenciaria que «incumple todos los compromisos con las víctimas del terrorismo».
El Gobierno PSOE-Podemos ha acercado ya al País vasco a 130 etarras de los 195 terroristas, todos con delitos de sangre, aún en prisión.
Y tiene lógica que Urdangarín, que no hizo daño físico a nadie y sobre quien cayó una pena de una pena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, se sienta maltratado.
El abogado del caso Nóos, Mario Pascual Vives, ha explicado que han recurrido a Vigilancia Penitenciaria y pedido que se le conceda el tercer grado «como ha pasado con otras personas por los mismos hechos y condenas semejantes», en referencia al ex presidente balear Jaume Matas y el ex socio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres.
El letrado se ha mostrado sorprendido por la flexibilización del segundo grado y el curso de reinserción que ofreció Instituciones Penitenciarias a Urdangarin el 30 de diciembre, y que le permitirá cumplir el resto de su condena en un centro de inserción de lunes a viernes y tener permiso pasa salir un fin de semana al mes.
«Nosotros desde el momento en que la Junta de Tratamiento por unanimidad acordaba que le daban el tercer grado sin restricciones, teníamos la confianza y la esperanza de que esto sería así, que sería asumido también por Instituciones Penitenciarias», ha asegurado, y ha añadido que otros condenados ya tienen el tercer grado desde julio y es sorprendente, en sus palabras, que Urdangarín no lo tenga.
Ha señalado que desconoce cuándo recibirán una respuesta a su recurso, que calcula que será en enero, y que esto no tiene efectos suspensivos, por lo que la resolución de Instituciones Penitenciarias será efectiva «muy pronto».
Pascual Vives ha explicado que la flexibilización del segundo grado ha causado sorpresa en su cliente, aunque ha lamentado que apenas ha podido hablar con Urdangarin porque las llamadas están limitadas a ocho minutos, y tenía pensado visitarle pero «las inclemencias del tiempo han impedido que lo haga relativamente pronto».
Ha dicho que no les han explicado en qué consiste el curso de reinserción, que «parece un curso de reeducación en materia económica», y ha deseado que la sanción o la condena hubiera sido solo eso, aunque ha indicado que hay que respetarla.
