El podemita está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y falta (o delito leve) de lesiones

El Tribunal Supremo sienta en el banquillo a Alberto Rodríguez, el rastas de Podemos, por patear a un policía

El diputado del partido de Pablo Iglesias tendrá que acudir el próximo 28 de enero en calidad de investigado

El Tribunal Supremo sienta en el banquillo a Alberto Rodríguez, el rastas de Podemos, por patear a un policía
Alberto Rodríguez PD

El Tribunal Supremo ‘aprieta las tuercas’ al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.

El también secretario de Organización de Podemos, acusado como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad y falta (o delito leve) de lesiones por patear a un policía, fue fue citado a declarar en calidad de investigado el próximo jueves 28 de enero.

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Antonio del Moral, le convoca a las 12.30 horas de ese día.

La decisión llega después de que el Congreso de los Diputados aprobara en diciembre (con los votos del PSOE) el suplicatorio cursado por el alto tribunal para continuar el procedimiento contra el político aforado.

El Supremo le interrogará por unos incidentes ocurridos el 25 de enero de 2014 en una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz Tenerife).

La Fiscalía y el instructor consideran que existen indicios de que durante esos incidentes Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el Supremo.

El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario.

El instructor Antonio del Moral ofreció al diputado la posibilidad, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero Rodríguez declinó la comparecencia, fijada el pasado 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juzgado de instrucción de La Laguna.

Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible entonces pedir el suplicatorio para tomarle declaración.

Similitud con Isa Serra

El número tres de Podemos siempre ha negado los hechos por los que se le acusa e incluso rechazó el pasado mes de octubre acudir a prestar declaración de forma voluntaria ante el Alto Tribunal, que después de tal negativa solicitó dicho suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Preguntado también al respecto en rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú, Pablo Echenique, indicó que ahora su compañero Alberto Rodríguez “no tiene ningún problema en acudir el Supremo para demostrar que esa acusación es falsa, que no hay pruebas. Y en este sentido, vamos a votar”, afirmó.

Una investigación similar ya acabó en condena dentro de Podemos.

Como fue el caso de la violenta Isa Serra, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, quien fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.

No obstante, la lista de conflictos entre la Justicia y Podemos es larga.

¿Un condenado más para Podemos?

Es importante recordar que Pablo Iglesias está ‘en la cuerda floja’ después que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solicitó al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias [como había advertido Periodista Digital] por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del ‘Caso Dina’.

A la espera de si se imputa o no al vicepresidente segundo, la lista de podemitas que han chocado contra la ley es larga.

Irene Montero se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció “trato discriminatorio” de la Ministra de Igualdad y un “despido arbitrario”. Podemos ha terminado pagando a la extrabajadora evitando así ir a juicio.

A raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por “atentado a la autoridad”.

No se puede olvidar a Rita Maestre, quien asaltaba capillas ligera de ropa al grito de “más bolas chinas y menos rosarios”.  Tampoco a Ramón Espinar, quien fue señalado por ganar 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla”, y ni hablar del dirigente de Podemos condenado en 2016 por agredir a un edil del PSOE. 

Uno de los delitos más graves estuvo protagonizado por José Oliver, dirigente del Podemos en Baleares y que fue condenado a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por la posesión de 148 gramos de metanfetamina. Como si fuera poco, también fue detenido por trapicheo de drogas Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote.

Pedro de Palacio Maguregui, que fue líder de Podemos en Burgos y diputado en Castilla y León, fue condenado por abusos sexuales a una niña de 5 años.

El 40% del órgano de dirección de Podemos ha tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia. A lo que se suma que el propio partido se encuentra además imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal, donde entran sus polémicos acuerdos con la consultora chavista Neurona.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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