Pablo Iglesias está desesperado por escabullirse del Tribunal Supremo.
El líder de Podemos creyó ver la luz al final del túnel cuando la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, haciendo caso a la Fiscalía en manos de Dolores Delgado, decidió devolver la investigación del ‘Caso Dina’ a la Audiencia Nacional.
Es importante recordar que el vicepresidente segundo está siendo investigado como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su exasesora, Dina Bouselham, de quien ahora necesita su perdón.
El Supremo indicó que “el cumplimiento de tal requisito en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida, para hacer efectiva su declinación competencial. Abundan razones para afirmarlo y también para negarlo, según la intervención procesal de Dina que examinemos y el correlativo acto de injerencia en su intimidad contemplado; en ningún caso, sin la asertividad requerida”.
En este sentido, el Supremo entiende que es inexcusable oír a Bousselham acerca de si “efectivamente ‘denuncia’ el acto antes descrito, donde el aforado Pablo Iglesias el día 20 de enero de 2016, examina el contenido de la tarjeta y posteriormente se la guarda; e incluso como un prius a esa denuncia, relacionado con uno de los elementos típicos inexcusables del delito que el Instructor indica, si el aforado Pablo Iglesias contaba con su autorización para que ese día, examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria y restara en su posesión”.
“O en la formulación conjunta de esos extremos, si no mediaba tal autorización, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento”, agregó.
Una resolución que, a pesar de no suponer el fin del ‘Caso Dina’ para Pablo Iglesias, fue celebrado por el partido de extrema izquierda. Sin embargo, las alegrías en Podemos duran poco…
De vuelta al Supremo
VOX devolvió de cabeza al líder de Podemos al Tribunal Supremo con una denuncia por “opacidad” contra el Ministerio de Derechos Sociales.
En concreto, el partido de Santiago Abascal solicita que se le juzgue por el polémico reparto de subvenciones directas a entidades y asociaciones del Tercer Sector.
El pulso judicial ha llegado después de que el Ministerio de Derechos Sociales haya rehusado facilitar información sobre 19 ayudas específicas, sobre las que se habían sido requerido los expedientes a través de los cauces oficiales.
Tras ser ignorados y haber recibido una respuesta «inaceptable», VOX optó por interponer un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de que se obligue al Gobierno a entregar los expedientes e informar sobre el objeto al que irá destinado ese dinero.
El partido de Santiago Abascal denuncia que entre asociaciones como Cáritas o el Banco de Alimentos, que estaban abordando en primera línea el impacto de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, Iglesias «colaba» ayudas a asociaciones «poco o nada relacionadas con el objeto del real decreto, que no era otro que ayudar a un desbordado Tercer Sector a paliar las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis de coronavirus».
Entre ellas, la federación estatal de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras (49.208 euros), la Fundación Secretariado Gitano (634.357 euros), la Unión de jubilados y pensionistas de UGT (49.208 euros), la Asociación de Mujeres libres y combativas (43.211 euros), la Federación de Mujeres Progresistas (196.360 euros), la Asociación de Mujeres Juristas Themis (64,414 euros) o la Fundación Triángulo (53.793 euros).
Una situación que impedirá que Iglesias se escabulla del Tribunal Supremo, mientras que se sigue ahondando en sus ‘cloacas’ del Caso Dina.
