Saltarse el cordón de seguridad que cerca el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero cuesta 1.098 euros.
Es la multa que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 17 de Madrid, ha impuesto a una madre y su hija por un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad durante un altercado ocurrido mientras ambas paseaban por las inmediaciones del casoplón de Galapagar, allá por el 30 de octubre de 2020.
La condena, aún recurrible, es de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, como autoras de un delito penado en el artículo 556.1 del Código Penal, a pesar de que la Fiscalía pedía para ellas entre seis meses y un año de prisión. Explica OkDiario que:
La sentencia subraya que las condenadas se saltaron el perímetro de seguridad del casoplón de Iglesias y Montero establecido por los agentes. Sin embargo, en la vista oral las acusadas manifestaron que «no había ningún perímetro» y que «los agentes de la Guardia Civil las agredieron» desde el primer momento en que se acercaron a la zona a ver a unas amigas, sin que llamaran a la ambulancia cuando una de ellas se desmayó.
Y es que el Vicepresidente Segundo no soporta que nadie pase cerca de su domicilio, por eso cambiaron Vallecas por Galapagar, por eso ya no son la gente…
En el juicio, celebrado el pasado 4 de febrero, Ascensión, la madre, explicó a la juez los hechos ocurridos:
Estaba en el coche con mi hija y circulábamos por la calle en la que reside en el vicepresidente y la ministra de Igualdad. En ese momento veo a mis amigas. No había vallas ni ningún objeto que indicase que la zona estaba acordonada. Entonces aparqué el vehículo y me dirijo hacía ellas. En ese momento, los agentes comenzaron a rodearnos y nos dijeron que habían establecido un perímetro de seguridad. No me dejaban acercarme a mi coche, en el que se encontraba mi hija, porque estaba dentro de la zona prohibida. Entonces, intento alejarme pero el agente me empuja y me pise los pies.
A partir de entonces se produjo un altercado desagradable entre los agentes del ministerio de Marlaska y las dos mujeres, que la jueza ha terciado de la manera referida; unos mil euros de multa para cada una de ellas.
Los vecinos, ‘hasta el moño’
Las presiones e intimidaciones de los ‘marqueses de Galapagar’ tienen ‘hasta el moño’ a sus vecinos.
En agosto de 2020 se conoció que estaban organizándose para realizar una querella contra el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad, al considerar que habrían incurrido en un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa con el agravante de cargo público.
Alrededor de una veintena de vecinos conformarían la querella contra el líder de Podemos, ya que están viendo cómo se intenta mermar su derecho a la protesta a través de denuncias y un gran número de sanciones administrativas. Todo por mostrar su descontento frente al ‘casoplón’ de Iglesias.
Es protesta, no acoso
A pesar de que Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaron a manifestantes por acosar su vivienda, la Justicia no les ha dado la razón.
Sin embargo, el ‘sablazo’ más doloroso para la pareja fue el revés legal que sufrió con la edil de VOX en Galapagar.
La juez desestimó la denuncia de la pareja de Pablo Iglesias contra la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.
La ministra de Igualdad la demandó por acoso, debido a que participó en las caceroladas a las puertas del lujoso chalet de Galapagar. Tras una sesión judicial el pasado 10 de julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 dictó el sobreseimiento provisional del caso.
La Justicia no dio la razón a Montero, quien afirmó que Gómez Carvajal cometió un supuestos delitos “coacciones” y “acoso diario en su domicilio y redes sociales” por acudir a las manifestaciones diarias realizadas frente a la lujosa vivienda de Iglesias y Montero.
La juez, que escuchó los alegatos de Montero a través de videoconferencia, consideró que la Edil de VOX estaba haciendo ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a la protesta pacífica.
La decisión supone un duro golpe para Irene Montero.
Es importante recordar que el 23 de junio, la pareja de Iglesias anunció la demanda en televisión y hasta mostró los vídeos grabados por la concejal, esos que ella difundió en Twitter con las protestas.
Según la ministra, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar «agrava e incide en la responsabilidad de su conducta».
También en su denuncia, Montero incluía enlaces con tuits en los que se veían las protestas cerca de su domicilio. En uno de esos vídeos publicados, la concejal de VOX dice que es la «21ª cacerolada» y que «como todos los días no faltamos a nuestra cita».
Todos unos argumentos que no convencieron a la juez, que terminó protegiendo a Cristina Gómez Carvajal y dando un nuevo ‘varapalo’ legal a Podemos.
