La investigación llega pocos días después de la imputación a Juan Carlos Monedero por el ‘Caso Neurona’

Mazazo a Iglesias: La Audiencia de Madrid escucha a VOX y reabre la investigación de la ‘Caja B’ de Podemos

El partido de extrema izquierda seguirá siendo investigado a pesar de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre de 2020

Mazazo a Iglesias: La Audiencia de Madrid escucha a VOX y reabre la investigación de la ‘Caja B’ de Podemos
Irene Montero y Pablo Iglesias PD

Aumenta la presión judicial contra Podemos.

El partido de Pablo Iglesias se está enfrentando con sus propias ‘cloacas’, que van desde la investigación del vicepresidente segundo en el ‘Caso Dina’ hasta la imputación de Juan Carlos Monedero por el ‘Caso Neurona’ y las denuncias a Pablo Echenique por su apoyo a los “terroristas callejeros” que exigen la liberación del rapero Pablo Hasel.

Como si fuera poco, la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo una administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido.

Un mazazo judicial para un Podemos que festejó exageradamente cuando el juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre de 2020.

La investigación sobre ese aspecto concreto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente que sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.

Ahora, el tribunal estima el recurso formulado por las representaciones procesales de VOX y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege contra el auto del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que dictó el sobreseimiento de esa rama de la investigación y acuerda «la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos».

En el auto, con fecha de 16 febrero, el tribunal señala que el resultado de las gestiones practicadas por la brigada de la policía judicial adscrita al juzgado «viene a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de un delito».

Y añade la Sala que se ha constatado que una asociación (#404 Comunicación Popular) solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad del partido y que éste le transfirió 30.000 mediante tres transferencias entre octubre de 2019 y junio de 2020.

La nueva investigación de la ‘Caja B’ podrá aumentar la ya larga lista de condenas en Podemos.

Una ‘gama’ criminal

Irene Montero se vio salpicada por una demanda laboral por la que era su escolta-recadera, que denunció “trato discriminatorio” de la Ministra de Igualdad y un “despido arbitrario”. Podemos ha terminado pagando a la extrabajadora evitando así ir a juicio. Un episodio tan polémico como el actual escándalo de la ‘niñera’.

Dentro del partido de extrema izquierda también hay figuras como la violenta Isa Serra, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, quien fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.

También permanece en su cargo Alberto Rodríguez Rodríguez, el diputado de Podemos que tiene una causa abierta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por ser considerado el autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

Igualmente, a raíz de un enfrentamiento con la Policía Nacional en una protesta de Alcoa delante del Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, y Ángela Rodríguez, secretaria de Derechos LGTBI, fueron imputados por “atentado a la autoridad”.

No se puede olvidar a Rita Maestre, quien asaltaba capillas ligera de ropa al grito de “más bolas chinas y menos rosarios”. Tampoco a Ramón Espinar, quien fue señalado por ganar 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla”, y ni hablar del dirigente de Podemos condenado en 2016 por agredir a un edil del PSOE.

Uno de los delitos más graves estuvo protagonizado por José Oliver, dirigente del Podemos en Baleares y que fue condenado a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por la posesión de 148 gramos de metanfetamina. Como si fuera poco, también fue detenido por trapicheo de drogas Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote.

Pedro de Palacio Maguregui, que fue líder de Podemos en Burgos y diputado en Castilla y León, fue condenado por abusos sexuales a una niña de 5 años.

El 40% del órgano de dirección de Podemos ha tenido o tienen actualmente problemas con la Justicia.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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