La abogada de Pablo Hasel se suma a las personas denunciadas por respaldar la violencia en las protestas de los “terroristas callejeros” y por atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La denuncia contra Alejandra Matamoros llega poco después de que la plataforma Alternativa Sindical de Policía (ASP) y el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) tomaran medidas legales contra Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, por su apoyo a los radicales a través de las redes sociales.
Ahora, Mónica Gracia como secretaria general del Sindicato Unificado de Policía lidera la nueva denuncia por delitos de injurias y calumnias contra Matamoros, después de que dijera el 22 de febrero durante una entrevista de televisión que: “… las torturas que se cometen día sí y día también en los cuarteles de la Guardia Civil y en todos los cuerpos de seguridad del Estado…”.
Unas palabras que desencadenaron la denuncia del Sindicato Unificado de Policía, que considera que sus afirmaciones “se sitúan extramuros del derecho de opinión y manifestación que garantiza la Constitución española”.
A lo que agregan que: “Se observa que aquí, la denunciada, no está hablando de hechos conocidos por razón del ejercicio del cargo en la defensa de los detenidos, sino que se trata de opiniones personales acerca de que los detenidos son víctimas de torturas por parte de la Policía, lo que de ser cierto constituiría un delito de maltrato a los detenidos por parte de la Policía pero que, al ser rotundamente falso, esas opiniones vertidas por la Sra. MATAMORO constituirían un delito de calumnias e, incluso, de injurias, de las que ésta tendría que responder ante los tribunales de justicia”.
Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía no se limita a una frase de la abogada del rapero condenado, sino que también reprochan otras afirmaciones como que “en España lo de las torturas no es una cosa que diga yo o me invente yo… España no ha sido condenada por torturas”.
El Sindicato de la Policía recuerda en su denuncia que el Cuerpo Nacional de Policía y cualquier otro cuerpo policial está abierto a las críticas de los ciudadanos, pero explican que no creen encontrarse en esa situación: “estamos frente a una difamación general y gratuita de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el ánimo deliberado de dañar la imagen, prestigio y honradez de los miembros que las integran”.
La abogada ahora tendrá que responder por sus palabras, así como Echenique tendrá que hacer frente a las tres denuncias recibidas por su polémico ‘tweet’ apoyando a los radicales y violentos manifestantes.
Las tres denuncias de Echenique
Solo horas después de su publicación, los principales sindicatos policiales comenzaron a organizarse para llevar a los juzgados al portavoz de Unidas Podemos por su apoyo al “terrorismo callejero”.
La plataforma Alternativa Sindical de Policía (ASP) fue la primera en presentar la denuncia el viernes 19 de febrero en las dependencias policiales de Ciudad Lineal (Madrid) por estas declaraciones, para que se determine si son constitutivas de delito.
El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) se sumó a la iniciativa este lunes 22 de febrero, al presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por «incitar o reforzar» a quienes participaron en disturbios pidiendo la excarcelación del rapero ‘Pablo Hasel’ en varias ciudades españolas, entre ellas en Madrid.
El sindicato de la Policía Nacional reprocha al portavoz de Unidas Podemos que mostrara «todo su apoyo a los jóvenes antifascistas», por lo que considera que pudo incurrir en un delito por incitar a la violencia, según los artículo 557 y 559 del Código Penal.
A la presión de la Policía se suma la de VOX.
El partido de Santiago Abascal denuncia a los autores materiales e intelectuales de las concentraciones celebradas desde el pasado día 15, tras la detención y posterior ingreso en prisión de Hasel, por ser constitutivos de los delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y atentados a la autoridad.
Sin embargo, extiende la denuncia contra Pablo Echenique por el delito de distribución o difusión pública de mensajes o consignas para la comisión de estos delitos contra el orden público.
En la querella, la Vicesecretaria Jurídica Nacional de VOX explica que tras las diligencias de investigación «pudiera resultar acreditada conexión necesaria para su calificación como actos terroristas y/o vinculada a organización criminal de conformidad con los tipos penales contemplados en los artículos 570 bis y 579 del Código Penal» y con ello la competencia bien de la Audiencia Nacional, o en el caso de Echenique, el Tribunal Supremo.
VOX complica aún más el escenario para Echenique y recuerda que la doctrina constitucional podría entender que estos actos sean considerados «actos terroristas» al tener como finalidad la creación de alarma y perturbación social grave, por ser «sistemáticos, reiterados e indiscriminados».
Además, VOX solicita la investigación de Echenique por haber «alentado de forma clara» la realización de estas graves acciones violentas, y con ello cometer «un delito de incitación a la comisión de delitos de alteración del orden público», conforme al artículo 559 del Código Penal, e incluso de la modalidad agravada contemplada en el artículo 579.