Podemos tropieza en su intento de asaltar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A pesar de que el partido de Pablo Iglesias quiere ‘sacar su tajada’ de las negociaciones para la renovación del CGPJ, su principal candidata llega ‘manchada’ por un juicio por presuntamente realizar pagos en negro a su trabajadora del hogar.
Un caso que recuerda los chanchullos a la Seguridad Social del actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, por los que fue condenado y tuvo que pagar una indemnización de 11.040 euros.
Ahora la investigación recae sobre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, Carlos Sosa.
Ambos irán a juicio por despedir de manera irregular a su asistenta del hogar, Simona Chambi, quien ha denunciado que, durante meses, estuvo trabajando para ella sin contrato y cobrando en dinero negro.
Es importante destacar que Rosell es uno de los nombres exigidos por Podemos para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el escándalo de la investigación pone importantes trabas a su aspiración.
No en vano, ya el PP ha vetado esta candidatura debido a su trayectoria política, ya que fue diputada de Podemos por Las Palmas de Gran Canarias en tres legislaturas, de 2015 hasta enero de 2020, y en la actualidad desempeña un cargo en el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
El líder de la oposición, Pablo Casado, ha recordado este mismo viernes que su partido no permite las “puertas giratorias entre política y Justicia”.
La denuncia contra Rosell
Simona Chambi, oriunda de Bolivia, presentó el pasado 8 de julio ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) de Canarias la papeleta de conciliación laboral en la que pedía que su despido sea declarado nulo, o bien que Carlos Sosa le indemnice con 10.000 euros.
Seis días antes de que se celebrara el acto de conciliación, previsto para el 23 de julio, Carlos Sosa se dirigió en tono amenazador tanto a Simona como a su abogado, Federico Vicente Marín, a los que acusó de estar compinchados con VOX en una “conspiración” contra él.
Primero envió a Simona Chambi el siguiente mensaje de whatsapp: “Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo”.
Una hora después, Carlos Sosa telefoneó al abogado de Simona Chambi, al que advirtió en el mismo tono amenazador: «He recibido esta mañana la citación [para el acto de conciliación] y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política VOX y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona. Sólo le advierto: “juego limpio, que yo conozco mis derechos y también tengo al alcance mecanismos”, le dijo, según consta en la querella.
Según una querella del 31 de agosto de 2020, tanto Simona Chambi como su abogado interpretaron estos mensajes amenazadores como un intento de coaccionarles, ante el acto de conciliación que debía celebrarse seis días después.
La disputa legal alcanza un nuevo hito con el juicio se celebrará en el Juzgado de lo Social número 7 de las Palmas de Gran Canaria el próximo 15 de marzo.
Es importante recordar que la empleada afirma en la denuncia que comenzó a trabajar para la juez Victoria Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente cobraba en “dinero negro o b” porque así se lo había propuesto la dirigente podemita.
Durante cinco meses, Chambi trabajó de manera irregular por imposición de Rosell, hasta que finalmente se plantó y le manifestó que no trabajaría más en su casa si no le daba de alta en la Seguridad Social, con el fin de poder regularizar su situación en España.
‘Miss aeropuertos’
Rosell más conocida como ‘Miss Aeropuertos’, tiene un historial bastante controvertido:
Como juez responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros en Gran Canaria llegó a extralimitarse en sus funciones, llegando incluso a impedir la devolución a Marruecos de dos ‘sin papeles’. Tanto la Delegación del Gobierno como la Fiscalía se quejaron en numerosas ocasiones de que Rosell invadía competencias que le eran ajenas.
Pero su capítulo más bochornoso lo protagonizó como diputada rasa de Unidas Podemos en el año 2016. La hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género llegó a enfrentarse con las autoridades policiales en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria.
La jueza morada quiso, en primer lugar, que se le abriese una sala destinada a las autoridades, lo que le llevó a enfrentarse con personal de AENA.
Pero no solo eso, en un control habitual de la Guardia Civil se le exigió que se identificara como el resto de pasajeros, a lo que ella se negó, provocando un agrio enfrentamiento que luego intentó minimizar.
