María Jesús Montero reconoce públicamente que la candidata de Podemos se quedará fuera de la negociación con el PP

Podemos ‘expulsado’ del CGPJ: la podemita Rosell no será propuesta por sus pagos en negro y nexos con Iglesias

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género está ‘manchada’ por un juicio por presuntamente realizar pagos en negro a su trabajadora del hogar

Podemos ‘expulsado’ del CGPJ: la podemita Rosell no será propuesta por sus pagos en negro y nexos con Iglesias
Victoria Rosell y Pablo Iglesias PD

Podemos está un paso más lejos de tener influencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A pesar de que el partido de Pablo Iglesias quiere ‘sacar su tajada’ de las negociaciones para la renovación del CGPJ, su principal candidata llega ‘manchada’ por un juicio por presuntamente realizar pagos en negro a su trabajadora del hogar.

Un caso que recuerda los chanchullos a la Seguridad Social del actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, por los que fue condenado y tuvo que pagar una indemnización de 11.040 euros.

Ahora la investigación recae sobre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, Carlos Sosa.

Ambos irán a juicio por despedir de manera irregular a su asistenta del hogar, Simona Chambi, quien ha denunciado que, durante meses, estuvo trabajando para ella sin contrato y cobrando en dinero negro.

Una investigación que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a renunciar en la negociación con el Partido Popular a proponer a la exdiputada de Podemos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, precisó que «algunas de las propuestas que han sonado en los medios de comunicación finalmente no se incorporaban a la propuesta definitiva justo para facilitar el acuerdo. Algunas personas tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita».

Así, aunque no ha mencionado a la jueza y exdiputada de Podemos, la propia Montero ha señalado que se puede «adivinar» de quién se trata. «Me van a permitir que no de nombres porque me parece más respetuoso no hacer mención a nadie en concreto, pero todos podemos imaginar esos nombres», ha señalado.

La denuncia contra Rosell

Simona Chambi, oriunda de Bolivia, presentó el pasado 8 de julio ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) de Canarias la papeleta de conciliación laboral en la que pedía que su despido sea declarado nulo, o bien que Carlos Sosa le indemnice con 10.000 euros.

Seis días antes de que se celebrara el acto de conciliación, previsto para el 23 de julio, Carlos Sosa se dirigió en tono amenazador tanto a Simona como a su abogado, Federico Vicente Marín, a los que acusó de estar compinchados con VOX en una “conspiración” contra él.

Primero envió a Simona Chambi el siguiente mensaje de whatsapp: “Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo”.

Una hora después, Carlos Sosa telefoneó al abogado de Simona Chambi, al que advirtió en el mismo tono amenazador: «He recibido esta mañana la citación [para el acto de conciliación] y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política VOX y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona. Sólo le advierto: “juego limpio, que yo conozco mis derechos y también tengo al alcance mecanismos”, le dijo, según consta en la querella.

Según una querella del 31 de agosto de 2020, tanto Simona Chambi como su abogado interpretaron estos mensajes amenazadores como un intento de coaccionarles, ante el acto de conciliación que debía celebrarse seis días después.

La disputa legal alcanza un nuevo hito con el juicio se celebrará en el Juzgado de lo Social número 7 de las Palmas de Gran Canaria el próximo 15 de marzo.

Es importante recordar que la empleada afirma en la denuncia que comenzó a trabajar para la juez Victoria Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente cobraba en “dinero negro o b” porque así se lo había propuesto la dirigente podemita.

Durante cinco meses, Chambi trabajó de manera irregular por imposición de Rosell, hasta que finalmente se plantó y le manifestó que no trabajaría más en su casa si no le daba de alta en la Seguridad Social, con el fin de poder regularizar su situación en España.

‘Miss aeropuertos’

Rosell más conocida como ‘Miss Aeropuertos’, tiene un historial bastante controvertido:

Como juez responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros en Gran Canaria llegó a extralimitarse en sus funciones, llegando incluso a impedir la devolución a Marruecos de dos ‘sin papeles’. Tanto la Delegación del Gobierno como la Fiscalía se quejaron en numerosas ocasiones de que Rosell invadía competencias que le eran ajenas.

Pero su capítulo más bochornoso lo protagonizó como diputada rasa de Unidas Podemos en el año 2016. La hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género llegó a enfrentarse con las autoridades policiales en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria.

La jueza morada quiso, en primer lugar, que se le abriese una sala destinada a las autoridades, lo que le llevó a enfrentarse con personal de AENA.

Pero no solo eso, en un control habitual de la Guardia Civil se le exigió que se identificara como el resto de pasajeros, a lo que ella se negó, provocando un agrio enfrentamiento que luego intentó minimizar.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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