Palo de la Justicia a Podemos.
El Juzgado de lo Social número 1 de Granollers ha condenado a la formación de Pablo Iglesias a indemnizar a su exabogada Mónica Carmona por reducirle su jornada laboral en diciembre de 2019, según publica ‘Vozpópuli’.
Carmona era la responsable de Cumplimiento Normativo dentro del partido morado y sus investigaciones internas dieron origen al conocido hoy como caso Neurona.
Podemos deberá readmitirla
La sentencia, sin embargo, dice que no hay indicios de que la decisión del partido fuera una represalia por sus indagaciones, aunque es fácil establecer una relación causa-efecto.
La Justicia condena a Podemos a reponer a la trabajadora “en sus condiciones laborales anteriores” que consistían en una jornada de 40 horas semanales y al “abono de una indemnización consistente en la diferencia de salario dejado de percibir a razón de 36,72 euros al día”.
Esta cantidad, según ‘VP’, ascendería a 14.000 euros a los que habría que descontar el montante que durante este tiempo ha estado recibiendo Carmona de la Seguridad Social.
Carmona recurrirá porque cree que fue represaliada
Sin embargo, la abogada no está del todo satisfecha con la sentencia ya que entiende que lo que sucedió fue una represalia por investigar internamente a su partido.
De hecho, alguno de sus últimos expedientes provocaron que el juez Juan José Escalonilla iniciase la apertura de procedimientos como el del presunto uso de una empleada del partido como niñera de la hija de Irene Montero y Pablo Iglesias a cargo del presupuesto del Ministerio de Igualdad.
Carmona y Calvente
Tanto la citada Mónica Carmona como el ex coordinador jurídico José Manuel Calvente iniciaron una investigación “sigilosa”, según sus propias palabras, para determinar qué clase de irregularidades se habían cometido.
La abogada comenzó a trabajar en 2016 a media jornada como asesora jurídica en Cataluña.
En mayo de 2017, según recoge La Razón, le ampliaron la jornada, y la designaron máxima responsable de un cargo de gran relevancia.
Ella se tomó tan en serio su nombramiento que al detectar las primeras irregularidades, de las que fue alertada incluso por algunos trabajadores, recurrió a Calvente para investigarlo.
Tras sus pesquisas, se encontraron con cosas como la adjudicación de las obras de la sede, que alcanzó los 1,3 millones de euros cuando la licitación había sido de 600.000 euros, o la adjudicación de un contrato electoral por 363.000 euros a la consultora chavista Neurona.
El resto es historia. La dirección fulminó a Calvente tras cargarle con un inexistente caso de acoso sexual.
No fue el único. Carmona recibió un burofax en la que se le comunicaba que no desarrollara actividades relacionadas con el área de Cumplimiento Normativo y se le reducía la jornada laboral al 50%.
