El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos exigirá que le repongan en su cargo

VOX se querella contra el ministro Marlaska, por delitos como obstrucción a la Justicia y prevaricación

Un proceso penal para el ministro, que ejerció como juez en la misma Audiencia Nacional que ahora lo cuestiona

VOX se querella contra el ministro Marlaska, por delitos como obstrucción a la Justicia y prevaricación
Pérez de los Cobos, Grande-Marlaska y Santiago Abascal (VOX). PD

Pintan bastos para Fernando Grande-Marlaska.

VOX ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, al que acusa de los delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación.

El telón de fondo es la ilegal y caprichosa destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cuyo cese fue anulado por la Audiencia Nacional.

La sentencia ha sido recibida con enorme ‘satisfacción’ en el seno de la Benemérita.

En primer lugar, porque deja las cosas claras y el camino expedito para que los agentes inmersos en investigaciones judiciales puedan trabajar «con tranquilidad y serenidad», sin tener que notar el aliento en el cogote de políticos voraces.

Segundo, porque reivindica su labor y la de uno de sus mejores jefes.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos pedirá, una vez transcurrido el plazo de 15 días que la Audiencia Nacional ha dado a las partes para recurrir, la ejecución provisional de la sentencia y su restitución como jefe de la Comandancia de Madrid, en la localidad de Tres Cantos.

El partido de Santiago Abascal también extiende su demanda contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los mismos tipos penales (artículos 464 y 404 del Código Penal).

VOX también atribuye a los tres cargos de la cúpula de Interior la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que renunció a su cargo un día después del cese de Pérez de los Cobos.

El equipo de Abascal demandó este 1 de abril de 2021 la dimisión del titular de Interior tras la restitución del coronel de la Benemérita en su antiguo cargo, al igual que también plantearon PP y Ciudadanos.

La decisión del cese del Pérez de los Cobos se tomó en La Moncloa y Pedro Sánchez, el verdadero responsable del atropello, no van a dejar caer a su obediente titular de Interior.

A Pérez de los Cobos lo destituyeron, según el juez, como castigo «por cumplir con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban (…) de no informar sobre las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal».

Fue la paletada postrera con la que enterrar a quien, como Edmundo Bal, el abogado del Estado que llevó la causa del 1-O y fue liquidado por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, no se dejó amilanar o engatusar.

Grande-Marlaska también fulminó en agosto de 2018 al coronel Manuel Sánchez Corbí, entonces jefe de la UCO, la Unidad de Central Operativa.

El cese es «ilegal» según la sentencia

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional consideró que la destitución de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado es «ilegal» y, por tanto, la deja sin efecto para restituirle al frente de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado Celestino Salgado afirmó en su resolución que la «pérdida de confianza» alegada por Interior para cesarle vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso ‘8M’ por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia.

La sentencia que deja a Grande-Marlaska a los pies de los caballos llega en un momento muy inoportuno para el PSOE y su jefe Sánchez.

En plena precampaña electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid, en la que los socialistas intentan a la desesperada presentarse como una apuesta por la moderación y la responsabilidad, salta un contencioso que puede derivar en un proceso penal para el ministro, que ejerció como juez en la misma Audiencia Nacional que ahora lo cuestiona.

Le cesaron porque se le pidió algo «ilegal»

Tras ello y en su escrito dirigido al Supremo, la Vicesecretaría Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro, recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada «por no constituir delito ni aportar prueba suficiente».

Ahora y raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, Castro pone de relieve que existe prueba de que el cese del coronel de la Guardia Civil fue «inmotivado, arbitrario» y, además, tuvo relación directa con «la petición de realización una actividad abiertamente ilegal».

VOX se refiere a la solicitud de facilitar información sobre las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, por la causa del 8M que afectaba entonces a Franco, recientemente nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes aunque luego fue archivada.

Para la formación, el «verdadero motivo» de la alegada pérdida de confianza fue «no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio».

«Supone el reconocimiento expreso de la comisión del delito, del que resulta responsable Grande-Marlaska, del que se afirma que se constata la vinculación de los intereses ministeriales con un proceder arbitrario, con evidente desviación de poder, y, además, mentir públicamente, a la vista de las manifestaciones realizadas desde mayo de 2020».

La Vicesecretaría Jurídica augura que será «difícil evitar» una investigación por prevaricación, obstrucción y represalias contra la cúpula de Interior.

El Ministerio del Interior anunció este 1 de abril que, «desde el respeto a las decisiones judiciales», al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado.

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