La duda es si, con el Gobierno PSOE-Podemos entre bambalinas, las Fiscalía en manos de Dolores Delgado -la del ‘Marlaska es maricón»- y los habituales melindres de los jueces cuando les toca lidiar con iracundos independentistas catalanes, Artur Mas Carles Puigdemont y Oriol Junquerass erán de verdad obligados a devolver el dinero.
En cualquier caso, las cosas parecen claras. El Tribunal de Cuentas considera que los ex presidentes de la Generalitat Mas y Puigdemont y el ex vicepresidente Junqueras, entre otros, incurrieron en responsabilidad contable al dedicar fondos públicos a promover el procés independentista en el exterior y deben reintegrar a las arcas públicas lo gastado ilegalmente.
Los ‘deudores’ deberán comparecer en la sede del Tribunal de Cuentas el próximo 29 de junio de 2021, para hacer frente a los gastos de Diplocat para promocionar el “procés” en el extranjero.
Una vez que ha terminado la instrucción de los hechos recogidos en los dictámenes de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal relativos al Informe de Fiscalización de los recursos destinados por la Generalitat de Cataluña a la acción exterior durante el “procés”, se ha citado mediante una providencia a los presuntos responsables contables de esos desembolsos.
Entre ellos, el Tribunal de Cuentas ha emplazado a comparecer no solo a Puigdemont, Junqueras y Mas, sino también a los ex consejeros Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turull (Presidencia); Andreu Mas Colell (Economía) y Raül Romeva (Acción Exterior).
Asimismo, están citados para responder contablemente de esos desembolsos otros antiguos altos cargos de la Generalitat: los ex secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria, así como a las interventoras generales de la Generalitat María Vidal y Rosa Vidal; a los interventores delegados Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga y Francesc Cubel; al secretario general de Diplocat Alberto Royo y a los doce delegados de la Generalitat en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, EE UU, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.
Pero no son los únicos. También se ha citado a los representantes legales de la Generalitat, del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal para la práctica de la Liquidación Provisional Complementaria a la ya realizada en enero del pasado año.
El tribunal también ha señalado el 30 de junio para continuar con estas comparecencias por si se prolongaran más de lo previsible.
Aunque el coste de los gastos de la acción exterior de la Generalitat no se especifica en esa resolución, el pasado 28 de enero de 2020 el Tribunal de Cuentas ya efectuó una Liquidación Provisional correspondiente a los gastos del 1-O, cifrando los mismos en 4,1 millones de euros de los que la institución consideró responsables desde el punto de vista contable tanto a Puigdemont y Junqueras como a trece ex consellers y once antiguos altos cargos de la Generalitat.
En marzo de 2019, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó -a instancia de las Cortes- el informe de fiscalización sobre el destino de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
El tribunal del juicio del “procés” acordó en marzo solicitar precisamente un informe al Tribunal de Cuentas sobre el estado en el que se encontraban los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a los condenados, se estaban tramitando con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña. Para conocer así -como solicitó la Abogacía del Estado antes de pronunciarse sobre los indultos- si aportaron los 4,1 millones en fianzas que se les reclamaron, que se corresponden con el dinero que se malversó en el proceso independentista según la sentencia del Tribunal Supremo.
En sus conclusiones finales en el juicio del “procés”, la fiscal Consuelo Madrigal aseguró que la contratación de “observadores internacionales” y “visitantes” por parte de la Generalitat a través de Diplocat supuso un desembolso de 338.607 euros. El Ministerio Público expuso entonces que se los utilizó para “crear la falsa apariencia de una observación de una consulta ilegal”. “Por supuesto que no fue una misión internacional de observación”, ha subrayado.
En su defensa de las condenas por malversación, la ex fiscal general del Estado aseguró que Puigdemont y su Govern utilizaron la Administración catalana como “su particular cortijo” para el uso de fondos públicos, entre otros objetivos, para “comprar apoyos y opiniones favorables” al referéndum ilegal del 1-O.
Según un informe de la Guardia Civil de 2018, Diplocat gastó 315.316 euros de dinero público en promocionar el 1-0 en el extranjero y, en esas fechas, tenía pendiente de desembolsar otros 52.815 por el coste de los observadores internacionales (vuelos y alojamientos, principalmente).
