La fuga política de Pablo Iglesias empieza a mostrar sus primeras consecuencias.
El exlíder de Podemos, tras perder su condición de aforado, queda a la merced de la Justicia en el ‘Caso Dina’, donde está siendo investigado por la presunta destrucción de la tarjeta del teléfono de su exasesora Dina Bousselham.
Según adelanta OkDiario, la Audiencia Nacional imputará al ‘Marqués de Galapagar’ para que declare en calidad de investigado por un delito de daños informáticos dentro de tres semanas aproximadamente.
El juez Manuel García-Castellón solicitó el mes pasado a la Fiscalía Anticorrupción un informe para que se pronunciase sobre la petición de Prolege, que ejerce la acusación popular en la causa. Esta asociación de juristas había pedido la imputación de Iglesias en la pieza separada número 10 de la operación Tándem o caso Villarejo, conocida como caso Dina.
Es importante recordar que hasta el momento el exvicepresidente del Gobierno no había sido imputado en esta causa porque gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo.
Un privilegio que ha perdido tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y tras anunciar que no recogerá tampoco su acta como miembro de la Asamblea autonómica de Madrid.
Tres años de cárcel
El ‘Caso Dina’ que ha sacudido a la cúpula de Podemos y ha puesto en ‘jaque’ a Irene Montero por justificar el machismo de su pareja, ahora podría suponer un nuevo revés para el expolítico de la extrema izquierda.
En la investigación, a Iglesias se le atribuyen dos delitos: daños informáticos, recogido en el art. 264 del Código Penal, y descubrimiento y revelación de secretos, del art. 197.1 y 2 del mismo texto legal. Sin embargo, este último hecho delictivo depende del perdón de la afectada, que ya se ha pronunciado al respecto en varios escritos remitidos al juez.
Dina Bousselham, a la que Iglesias puso al frente del panfleto ‘La Última Hora’, salió en defensa de su jefe y solicitó al instructor que anulase la causa. Sin embargo, el delito de daños informáticos está castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
“El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos”, indica la ley.
El juez García-Castellón elevó esta exposición razonada ante el Alto Tribunal en octubre del pasado año.
El magistrado solicitaba que se investigase a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito. Pero la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, en línea con el Ministerio Fiscal, decidió devolver la investigación contra Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional para que el instructor del caso Villarejo continuara investigando.
El juez continúa su investigación y ahora que Iglesias ha perdido el aforamiento no tendrá que elevar dicha exposición a ningún órgano superior dado que tiene competencia para imputarle.
Investigación policial
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado su autorización a la Policía Científica para analizar a cualquier coste la tarjeta de memoria que le fue sustraída en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham.
El magistrado, a pesar de conocer que la tarjeta puede quedar destruida en el intento, ha decidido llegar hasta el fondo del ‘Caso Dina’, lo que encendió las alarmas en Podemos que retomaron los ataques a través de las redes sociales contra García Castellón.
En un auto con fecha del pasado 1 de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la diligencia ordenada es «necesaria, útil y pertinente» antes de tomar declaración a la propietaria de la tarjeta SD.
La resolución recoge que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado avisando de que para acceder al contenido de la tarjeta se deben utilizar «técnicas de uso invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio».
«Cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone que ésta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro», informa la Policía.
El magistrado considera que hay que asumir «el riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta», puesto que esta posibilidad «no alcanza a superar la utilidad» que tiene el análisis del contenido de la tarjeta.
En este sentido apunta que la «necesidad y utilidad» de la práctica de la diligencia «ya se valoró por el Tribunal Supremo» cuando resolvió devolver la causa al juzgado de instrucción y añade que el análisis de la tarjeta es «clave» para esclarecer los hechos objeto de investigación.
Su resultado «permitirá aportar elementos objetivos» para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor, afirma el auto, que recuerda que el objetivo del examen es aclarar que «causas impiden acceder a la información de la tarjeta»; «el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado»; «eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía»; «si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos» y «fecha del último acceso».
