La Fiscalía Anticorrupción está acorralando a la familia Pujol.
Este 7 de mayo, la institución anunció que solicita nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol. Sin embargo, no es el único, ya que también pide hasta 29 años para el primogénito de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, 14 años para su hermano Josep y ocho años para los otros cinco hijos.
Todos serán juzgados en la Audiencia Nacional, junto a diez empresarios relacionados con el clan, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública e incluso de frustración de la ejecución.
La matriarca Marta Ferrusola no llegará al banquillo aunque habría afrontado pena similar a la de su marido: el juez instructor Santiago Pedraz ha archivado la causa para ella tras constatar que padece una dolencia neurológica que la ha convertido en inimputable.
El escrito de acusación resume en un centenar de páginas los indicios recopilados a lo largo de ocho años de instrucción judicial, a partir de los fondos de origen desconocido que la familia Pujol guardaba en Andorra desde al menos 1990.
El relato de la Fiscalía parte de que Pujol padre, como presidente de la Generalitat y de Convergencia Democrática de Cataluña se aprovechó de esa condición para fraguar una red de clientelismo hasta el punto de constituir un entramado con empresarios afines con los que se habría repartido beneficios de concursos públicos.
Es ahí donde el Ministerio Público incardina el origen del patrimonio del clan, que se repartió entre los hijos en una actuación «coordinada» entre toda la familia, para ocultarlo.
En concreto, explica que Jordi Pujol pactó con Marta Ferrusola distribuir ese dinero en cuentas abiertas a nombre de los siete hijos. No obstante, quien debía repartir las cuantías era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que centra la acusación, el grueso de los delitos y también la mayor petición de condena junto a la que fue su esposa, Mercé Gironés, por el entramado de empresas organizado para materializar aquella decisión. Ella afronta 17 años de cárcel.
Conforme el relato del Ministerio Público, todas esas cuentas de los hermanos se nutrían con ingresos en efectivo que gestionaba el matrimonio, fuesen titulares o meros autorizados en cuentas de terceros, pero también mediante transferencias de ordenantes que, en algunos casos son desconocidos y en otros, personas que no reconocen tener relación alguna con la familia.
