Es una pago más del alquiler de La Moncloa, que el socialista Pedro Sánchez va pagando a los antiespañoles que le ayudaron a acceder por la puerta de atrás a la presidencia del Gobierno de España y le permiten seguir dentro, con sólo 120 diputados del los 350 que tiene el Parlamento.
La entrega al PNV de Íñigo Urkullu de las competencias en materia de prisiones, a la vez que los presos etarras son trasladados a las cárceles de esa comunidad, es la primera etapa de un plan que terminará con los asesinos en la calle.
Como subraya Carlos Cuesta en OKdiario este 15 de mayo de 2021socialista Sánchez acerca los presos etarras a las cárceles vascas, el lehendakari Urkullu los excarcela… y ambos, al alimón, les buscan trabajo.
Ahora que el País Vasco se ha hecho con el control, Sánchez se lavará las manos cuando el Gobierno vasco decida aplicar los permisos penitenciarios dentro del plan de reinserción del colectivo de presos etarras.
La consejería de Justicia del Gobierno vasco ya trabaja en el denominado ‘Programa Hitzeman’, aprobado en septiembre de 2014, y que recoge los pasos a seguir con los presos de ETA una vez asumida la competencia de Prisiones.
Dado que los permisos penitenciarios serán competencia del Ejecutivo de Urkullu y habida cuenta de que la palabra es «reinserción», «las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y resocialización de las personas presas». ¿Y qué quiere eso decir?, se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo: que para que los presos etarras se «resocialicen», se les ofrecerán «soluciones humanitarias».
¿Cuáles? Pues de cajón: viviendas sociales y un empleo digno. Lo que no tienen millones de españoles lo obtendrá un grupo de asesinos.
El plan apuesta decididamente por prestar «apoyo para la inserción laboral y el acceso a la vivienda» de los presos de ETA que queden en libertad.
Los etarras, pues, contarán con el apoyo de las instituciones vascas para lograr trabajo y casa, un privilegio en reconocimiento a su sangriento historial criminal.
Eso sí, a cambio tendrán que colaborar con universidades, asociaciones, ayuntamientos y proyectos concretos.
Eso es lo que, con tal de mantenerse en el poder, ha permitido Sánchez: convertir a los presos de ETA en una casta de privilegiados: casa y trabajo por los servicios prestados.
Una indecencia que provoca repugnancia.
