José Luis Ábalos sigue perseguido por el fantasma del ‘Delcygate’.
A pesar de que el Ministro de Transporte intentó quitar importancia a su reunión secreta con Delcy Rodríguez -y a las misteriosas maletas que dejó la vicepresidenta chavista en el Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-, el Partido Popular vincula el encuentro con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El partido de Pablo Casado pide al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.
Es importante recordar que Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea que le impiden pisar el espacio Schengen.
Esa madrugada, la representante de la dictadura se vio con el ministro Ábalos y dejó un conjunto de equipajes que, según confirmaron a Periodista Digital fuentes próximas al régimen chavista, tenían dinero en efectivo y lingotes de oro para políticos en España.
Si bien el ‘Delcygate’ quedó definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños (donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas) como en el Tribunal Supremo (donde se tramitaba una querella de VOX y el Partido Laócratas contra Ábalos), ahora podrá tomar relevancia en las investigaciones por el polémico rescate.
El PP cree que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».
El Partido Popular ve «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito.
El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la ‘número dos’ del régimen de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».
«No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.
El PP contra Sánchez y Ábalos
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, aceptó el 13 de mayo que el PP ejerza la acusación popular en la causa que investiga el rescate por 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra.
Es importante recordar que el pasado mes de abril, la juez abrió diligencias contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la SEPI en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea.
Al conocerse esa investigación, el PP pidió personarse en la causa de Plus Ultra advirtiendo de que, aunque afecta a altos cargos de la administración, en los presuntos delitos cometidos «incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno», dado que estas ayudas se conceden «por acuerdo del Consejo de Ministros que otorga su preceptiva aprobación».
El PP hizo énfasis en que los hechos encausados son de «una indiscutible gravedad en cuanto a delitos públicos de indudable trascendencia social y donde resulta esencial el restablecimiento y defensa de la legalidad, lo que justifica, aún más si cabe, la personación de un partido político en la causa».
Ahora la juez asegura en una providencia que da por personado al PP como solicitó en el escrito que presentó ante el juzgado pocos días después de conocerse que se habían incoado diligencias previas a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias.
Además, la magistrada reclama al denunciante inicial Miguel Bernard que «presente la documentación correspondiente que acredite su relación o cargo» con el sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias.
Sin embargo, los ‘populares’ no buscarán hacer tambalear al Gobierno desde un solo frente y también mantienen la presión fuera de los tribunales.
El líder del PP, Pablo Casado, aseguró el pasado 22 de abril que su partido quería personarse en este caso porque «huele muy mal» y el Gobierno no está ofreciendo explicaciones. El Grupo Popular solicitó además en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre Plus Ultra, pero esa petición fue rechazada por el PSOE y Podemos.
Hace un par de días, y a raíz de la información publicada por ‘El Mundo’ acerca de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apoyó con un segundo informe el rescate de Plus Ultra, el PP reclamó públicamente la dimisión del ministro.
Según declaró el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, los técnicos de su Ministerio «le han sacado las vergüenzas» asegurando que hay una presunta «interferencia» en el rescate a Plus Ultra.
Aún con las acusaciones contra José Luis Ábalos sin resolver, ‘El Mundo’ vuelve a dar una información muy comprometida para el coprotagonista del ‘Delcygate’: El Gobierno inyectó en Plus Ultra un 6% más de lo que la propia aerolínea solicitaba inicialmente.
Es decir, la compañía chavista pidió 50 millones y, al ser preguntada si necesitaba más, llegó a los 53 finalmente aprobados.
Negocios con las tiranías
La aerolínea está vinculada al régimen chavista. De hecho, está en manos de tres venezolanos relacionados con el chavismo: Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.
Además, un amigo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (famosa en España por el encuentro en el aeropuerto de Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos), que se llama Camilo Ibrahim comparte con los dueños de Plus Ultra dos sociedades en España dedicadas a distribuir, exportar e importar café.
Sin embargo, nuevos datos desvelan que la aerolínea también estaría vinculada con la dictadura de Cuba, ya que trabaja, desde 2017, para Cubana de Aviación, la aerolínea estatal del régimen de los Castro.
Según adelanta ABC, Plus Ultra realizó algunos vuelos entre Barcelona y La Habana para la empresa pública cubana. Además, en enero de 2020, Cubana de Aviación alquiló el avión de Plus Ultra para las líneas Madrid-La Habana y Madrid-Santiago de Cuba, tras un acuerdo visado por el Ministerio de Turismo castrista.
