Los agentes tienen autorización del magistrado para analizar a cualquier coste la tarjeta de memoria de la exasesora de Podemos

El destino de Pablo Iglesias, en manos del CNP: Será imputado en el ‘Caso Dina’ si un informe policial le perjudica

El Juez Manuel García-Castellón estudiará las conclusiones de la investigación sobre la tarjeta de Dina Bousselham antes de citar al exlíder de Podemos como investigado

El destino de Pablo Iglesias, en manos del CNP: Será imputado en el ‘Caso Dina’ si un informe policial le perjudica
Pablo Iglesias y Dina Bousselham PD

El destino judicial de Pablo Iglesias está en manos de la Policía.

A pesar de que el exlíder de Podemos afirmó que se “emocionaba” al ver cómo pateaban a agentes de la Policía, ahora serán los uniformados quienes inclinen la balanza hacia un lado y ayuden a determinar si existen motivos, o no, para imputarle en el ‘Caso Dina’.

El juez Manuel García-Castellón dejó claro que tomará la decisión de imputar a Iglesias una vez que conozca las conclusiones del informe policial sobre la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham.

Considerando que sería «precipitado» citarle como investigado en este momento, sí podrá hacerlo si el informe policial resulta perjudicial para el exvicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo indicó el magistrado en la respuesta a la acusación popular de Pro Lege, que en un escrito solicitó imputar a Iglesias después de que éste renunciara a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y a su acta de diputado, perdiendo con ello su aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que abrió la puerta a que pueda ser investigado en la Audiencia Nacional.

«La diligencia interesada no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado (…) sobre la tarjeta de memoria facilitada en su día por Dina Bousselham», ha explicado García-Castellón en un auto.

El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que la declaración de Iglesias en calidad de investigado «resulta en este momento precipitada, en la medida en que no se ha aportado ningún indicio nuevo distinto de los que fueron valorados en su día» por el Tribunal Supremo (TS) cuando García Castellón le propuso imputar al exlíder de Podemos.

Investigación policial

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado su autorización a la Policía Científica para analizar a cualquier coste la tarjeta de memoria que le fue sustraída en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham.

El magistrado, a pesar de conocer que la tarjeta puede quedar destruida en el intento, ha decidido llegar hasta el fondo del ‘Caso Dina’, lo que encendió las alarmas en Podemos que retomaron los ataques a través de las redes sociales contra García Castellón.

En un auto con fecha del pasado 1 de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la diligencia ordenada es «necesaria, útil y pertinente» antes de tomar declaración a la propietaria de la tarjeta SD.

La resolución recoge que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado avisando de que para acceder al contenido de la tarjeta se deben utilizar «técnicas de uso invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio».

«Cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone que ésta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro», informa la Policía.

El magistrado considera que hay que asumir «el riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta», puesto que esta posibilidad «no alcanza a superar la utilidad» que tiene el análisis del contenido de la tarjeta.

En este sentido apunta que la «necesidad y utilidad» de la práctica de la diligencia «ya se valoró por el Tribunal Supremo» cuando resolvió devolver la causa al juzgado de instrucción y añade que el análisis de la tarjeta es «clave» para esclarecer los hechos objeto de investigación.

Su resultado «permitirá aportar elementos objetivos» para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor, afirma el auto, que recuerda que el objetivo del examen es aclarar que «causas impiden acceder a la información de la tarjeta»; «el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado»; «eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía»; «si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos» y «fecha del último acceso».

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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