La historia arranca un 23 de julio de 2018.
En esa jornada, el segundo canal de Mediaset, Cuatro, emitió dentro del programa de investigación ‘En el punto de mira‘ una pieza titulada ‘La herencia de los Franco‘.
Pues bien, la familia del dictador no se quedó sentada y decidió tomar cartas en el asunto.
Han sido casi tres años hasta que la doble vía judicial emprendida por los afectados comienza a ver la luz en la jornada de este 26 de mayo de 2021.
La parte penal es la que aún se encuentra en fase de instrucción, pero la civil ha dado comienzo en esta jornada y la nómina de los denunciados por los Franco es cuantiosa.
Se trata de 12 trabajadores y colaboradores de Mediaset, entre ellos su presidente, Alejando Echevarría; los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa, y los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz.
También están citados como denunciados los cuatro invitados a intervenir en aquel espacio: el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler, autor de ‘La Familia Franco, SA’; el investigador Carlos Babío, cuyas pesquisas, durante tres décadas, de la historia de Meirás sirvieron de base al Estado para recuperar el pazo; el redactor jefe de ABC Sevilla Javier Otero, y un ex miembro de la propia familia, el periodista Jimmy Giménez-Arnau.
Lo cierto es que ha habido todo un rosario de denuncias y de querellas, en algunos casos archivadas y posteriormente recurridas, hasta llegar a este 26 de mayo de 2021 donde arranca el juicio civil en el juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid.
Los afectados exigen, por lo pronto, la destrucción total del programa emitido en Cuatro, así como la lectura y difusión de la sentencia en el mismo horario de máxima audiencia en el que se emitió el programa sobre la herencia del dictador.
Además de la eliminación de cualquier prueba documental del espacio, los familiares de Franco exigen una indemnización de 50.000 euros por intromisión ilegítima y la vulneración del derecho al honor y a la intimidad personal, familiar y de la propia imagen.
El programa repasaba el proceso de incorporación de diversos bienes al patrimonio de la familia, tales como las torres de Meirás (Sada, A Coruña), el palacio del Canto del Pico (Torrelodones), la casa Cornide (A Coruña) o la finca de Valdefuentes (Arroyomolinos).
La demanda de los herederos del dictador reproduce en sus 108 páginas las escenas y los comentarios de los presentadores, reporteros y expertos invitados. Según los abogados de los Franco, la intención del espacio televisivo era ofrecer una «imagen negativa y tendenciosa de nuestros clientes, difamar y desprestigiar, con temerario desprecio de la verdad».
La defensa de los demandados por familia Franco, según cuenta El Confidencial Digital, se centrará en que se basaron en una publicación añeja para justificar su reportaje audiovisual.
El 3 de diciembre de 2020 declararon en sede judicial los trabajadores y colaboradores por estos hechos y explicaron que todo el contenido estuvo basado en documentación que años antes había revelado la revista ‘Tiempo’.
Los declarantes explicaron que echaron mano de una edición titulada ‘Los papeles privados de Franco’ para realizar un guion audiovisual, localizar fuentes y llamar a expertos para confeccionar el programa.
