El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba con la ‘cacería de franquistas’ promovida desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
Este 7 de junio, se aprobó (con 15 votos a favor y seis en contra) el informe crítico con la Ley de Memoria Democrática que prepara la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En este sentido, hacen énfasis en que se trata de una peligrosa normativa que vulnera la libertad ideológica, de expresión y de reunión.
Es decir, que atenta contra algunos de los aspectos garantizados por la Constitución y que son imprescindibles para garantizar los valores democráticos de un país.
Concretamente, han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya y Concepción Sáez. En este contexto, han anunciado voto particular concurrente los vocales Álvaro Cuesta, al que se adherirán Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; y el vocal Enrique Lucas, al que se adherirá el vocal Vicente Guilarte. Por su parte, formularán voto particular discrepante los vocales Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya; los vocales José Antonio Ballestero y José María Macías y la vocal Concepción Sáez.
Una ley antidemocrática
El informe del Consejo General del Poder Judicial cuenta con otras numerosas objeciones.
Una de ellas, al apartado que prevé el cierre de fundaciones que hagan «apología del franquismo», que vulneraría el criterio del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de sancionar las ideas.
«La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niega’».
Así pues, la referencia a la apología del franquismo «invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten ‘incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales‘, no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación».
Además, el informe considera que la ley propuesta vulneraría el derecho de reunión, al entorpecer la celebración de «actos públicos contrarios a la memoria democrática».
«Del ámbito de aplicación del precepto debería quedar claramente excluidos los supuestos de ejercicio del derecho de reunión […]. Debe recordarse que conforme a la jurisprudencia constitucional, el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen idea o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos».
El informe ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y Roser Bach, el primero elegido vocal con a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Eso hace probable que finalmente concite el apoyo de la mayoría del Consejo, si bien un primer intento de presentar el proyecto de informe encomendado a otros dos vocales también de afinidades distintas no tuvo resultado.
Eliminación de símbolos
El informe también reprocha al Ejecutivo que quiera eliminar símbolos supuestamente vinculados con el franquismo o la Guerra Civil sin tener en cuenta su valor cultural, histórico y artístico.
Según el informe del CGPJ, «debe tomarse en consideración que ello implica la posible existencia de símbolos y elementos susceptibles de retirada conforme a lo dispuesto en el APL (Anteproyecto de Ley) que, sin embargo, incorporen un valor histórico, cultural y/o artístico relevante».
«En este sentido», continúa el CGPJ, «procede recordar que el artículo 46 Constitución Española establece que: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio».
Las ‘inocentes’ matanzas comunistas
El Consejo General del Poder Judicial también critica la hipocresía de la Ley de Memoria Democrática, ya que busca acabar con cualquier organización franquista, pero excluye a cualquier víctimas de violaciones de derechos humanos en el mismo periodo histórico, pero de las que sean otros los responsables. Por ejemplo, del estalinismo.
Una parcialidad en la ley que va en contra de «las políticas de memoria desarrolladas en los distintos Estados miembros de la Unión» y de la importante Resolución del Parlamento Europeo de de 2019 que pide una cultura común de memoria histórica que rechace «los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado».
Así pues, el informe no ve problemas en sancionar las actuaciones que inciten directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, pero «siempre que por imperativo de la igualdad ínsita en el mismo principio de dignidad se tutele la dignidad de las distintas víctimas de violaciones de derechos humanos acaecidas en el periodo histórico contemplado por el legislador».
