Este 28 de septiembre de 2021 la rompía Francisco Mercado con una exclusiva en el portal The Objetive, asegurando que Baltasar Garzón factura 9 millones a la Venezuela chavista por «coordinación» con la Fiscalía española:
Ilocad, el bufete del que es administrador único Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
Un auténtico escándalo del que este 29 de septiembre vuelve a dar más detalles el experimentado periodista, adjuntando un documento escrito; el que revela que la petrolera nacional justificó el fichaje del exjuez español por sus buenas relaciones con el chavismo. Ver para creer.
El escrito no detalla en qué consisten esas buenas relaciones contractuales previas entre el despacho Ilocad y el chavismo ni por qué Squire Patton Boggs juzga que de todos los bufetes españoles el más cualificado es el del «prestigioso» Garzón. Tampoco explica qué labor ha hecho el bufete estadounidense para Venezuela para que su recomendación sea decisiva.
Líos familiares y narcotráfico
Squire Patton Boggs, además de llevar pleitos de PDVSA o sus filiales, encabezó la defensa en 2015 de un pariente del presidente Maduro, acusado de narcotráfico en EEUU. Se trata de Efraín Campos Flores, uno de los dos ‘narcosobrinos’ de la esposa del presidente chavista, que han sido condenados a 18 años de prisión por intentar introducir 800 kilogramos de cocaína en el país.
En el caso de Campos Flores intervinieron tres letrados de dicho bufete, desde el 8 de noviembre de 2015 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que el sobrino de Maduro solicitó la renuncia de sus defensores. Entre ellos figuraba Alfredo Anzola, el letrado que recomendó a PDVSA contratar al despacho del «prestigioso» Garzón.
Campos Flores no explicó nunca por qué renunció al despacho norteamericano vinculado a PDVSA, pero se especuló con diversos motivos: las implicaciones del bufete con el gobierno de Venezuela, presidido por la familia directa del acusado. Pero había otro motivo: EEUU exige conocer el origen de los fondos recibidos por los bufetes en caso de narcotráfico para evitar el uso de dinero sucio. Squire Patton Boggs dijo haber trabajado gratis. Luego, tras declararse insolvente el sobrino y pedir abogado de oficio, se incorporaron a su defensa dos exfiscales del bufete Boies, Schiller & Flexner.
Cómo afecta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado
Como recuerda el propio Mercado: se trata de una noticia que salpica de lleno a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.
Así lo demuestra la reunión del Consejo Fiscal, que se celebra este martes 27 de octubre de 2020, para informar sobre la provisión de 18 plazas en la cúpula fiscal, entre ellas un total de nueve en la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscal General del Estado, ‘novia’ del exjuez, tendrá que decidir qué destino tomarán las carreras de Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los dos miembros del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso Villarejo cuyo puesto fijo en Anticorrupción se dirimirá a lo largo de la jornada.
Es importante recordar que exjuez es el defensor jurídico en el ‘Caso Villarejo’, por lo que se podrá ver beneficiado por los nombramientos de los fiscales de Anticorrupción que anuncie Dolores Delgado.
Ignacio Stampa y Miguel Serrano no son titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la reunión del Consejo Fiscal puede suponerles la seguridad de que podrán seguir investigando las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
En el caso de no ser elegidos, deberían abandonar Anticorrupción una vez concluya la comisión de servicios para la que fueron nombrados. En este sentido, tendrían que volver a la Fiscalía de Madrid, donde tienen plaza asignada.
