Confunde estar en el Gobierno con creerse que las instituciones son su cortijo particular.
El presidente Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, está intentando por todos los medios acallar y amordazar a los medios de comunicación para que no informen del ‘caso Gali‘.
El Ejecutivo socialcomunista le tiene más miedo que a un nublado toda la información que pueda salir sobre la clandestina entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
Por eso no se ha dudado en recurrir a ese órgano para intentar, de momento de manera infructuosa, impedir que se den detalles de este escabroso episodio.
La osadía del gobierno delincuente. Ahora ya exige abiertamente la censura para lo que sea susceptible de dañarle.
La Abogacía del Estado exige censurar la información del caso Gali https://t.co/AJZYIJ9bJP vía @ABCespana
— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) October 1, 2021
La estrategia que persigue la Abogacía del Estado es evitar que sigan saliendo a diario nuevas informaciones que incriminen más al propio Pedro Sánchez y, sobre todo, establecer un manto de silencio antes de que tenga que declarar ante el juez Rafael Lasala la exministra de Exteriores Arancha González Laya.
María del Mar González Bella, la letrada elegida por Moncloa tanto para la defensa de la extitular de la diplomacia española como para su exjefe de Gabinete, Camilo Villarino, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza para obligar al magistrado instructor de la causa a que impida que se informe libremente de los datos que está poniendo al descubierto la investigación.
Y es que la abogada del Estado ha intentado ‘pactar’ varias veces con Lasala para evitar que se filtren informaciones a la prensa. Pero en ese punto el magistrado se ha mostrado inflexible.
De ahí que ahora la táctica gubernamental sea la de forzar la maquinaria judicial para que la propia Audiencia Provincial intente meter en vereda al magistrado que instruye el ‘caso Ghali’.
El diario ABC editorializa sobre esta nueva puñalada del Gobierno Sánchez al derecho a informar libremente:
A medio camino entre la mordaza parcial y la censura total, la Abogacía del Estado ha vuelto a proponer al juez que investiga a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya que expulse a las acusaciones del proceso, que ponga sordina a su instrucción y, sobre todo, que silencie a los periodistas para que no haya información. Hace tiempo que la Abogacía del Estado dejó de ser exactamente eso, para convertirse en la Abogacía del Gobierno.
Moncloa la ha puesto a su servicio sin escrúpulo alguno, y su cúpula, insólitamente solícita, empieza a actuar de modo profundamente antidemocrático. Si de lo que se trata es de que se entierre este proceso bajo tierra, y de que no haya un solo titular que pueda salpicar a Pedro Sánchez por traer a España de forma clandestina e ilegal al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la Abogacía del Estado va a pinchar en hueso. Y no porque alguien vaya a vulnerar alguna garantía procesal, sino porque vivimos en una democracia. Aún.
