Pablo Echenique sigue intentando defender al ‘pateapolicías’ de Podemos.
Con sus habituales ataques a los medios de comunicación, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados indicó en un tuit que:
“ABC, El Mundo, El Confidencial, El Independiente…Prácticamente toda la derecha mediática publicó que Alberto Rodríguez tendría que dejar el escaño. Lo hicieron porque querían forzar a que pasase y porque no les importa mentir”.
Sin embargo, solo horas después fue el propio Poder Judicial en que deja a Echenique como un ‘bocachancla’ al preguntar al Congreso de los Diputados cuándo empezará a cumplir la pena de inhabilitación impuesta al ‘pateapolicías’ de Podemos.
AUTOZASCA!!!!!!!!!!!!!! de @PabloEchenique pic.twitter.com/6iWIutPUeV
— Mejores Zasca!!! (@mejoreszasca) October 20, 2021
Un nuevo ridículo para Echenique quien, cada cierto tiempo, hace un borrón masivo de sus publicaciones en Twitter para no dejar rastro de sus burradas, ataques contra el Poder Judicial y hasta para promover a terroristas callejeros como los que incendiaron ciudades en defensa de un rapero condenado.
Presión judicial
Sólo veinticuatro horas después de que PSOE y Unidas Podemos reinterpretaran la sentencia del Supremo permitiendo a Rodríguez mantener su escaño, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, se ha dirigido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al Tribunal Supremo el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al exnúmero tres de Podemos.
La Sala de lo Penal condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
En su sentencia, acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, en total 540 euros. Tan clara era la sentencia en cuanto a que el cumplimiento de la pena de inhabilitación era independiente de la sustitución de la pena principal que la Sala consideró la semana pasada innecesario acceder a la aclaración de sentencia que le había pedido el diputado condenado.
