La fidelidad por encima de todo.
Aunque sea a costa de pisotear la ley.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, sabe bien que hay que agradecer con creces la canonjía de la que disfruta y que contrariar a Pedro Sánchez puede tener consecuencias nefastas.
Por eso, la tercera autoridad del Estado ha optado por ponerse como dique de contención para evitar que La Moncloa tenga que remitir informes sobre los indultos a los golpistas catalanes.
Batet es cómplice necesaria para que el Ejecutivo socialcomunista oculte esos informes que de manera insistente ha venido reclamando la oposición.
Pero la paciencia, como el vaso de agua, ha llegado al límite.
El Partido Popular ha dado un puñetazo sobre la mesa y, tal y como cuenta el diario ABC, ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la negativa del Palacio de La Moncloa a proporcionarle una copia de los informes relacionados con los indultos a los políticos independentistas, así como la decisión de Batet de no obligar al Gobierno a la remisión de esos documentos.
El Grupo Popular pretende con este recurso de amparo lograr que se exija a la presidenta de la Cámara Baja que requiera al Gobierno Sánchez la entrega de esos informes.
Los populares lamentan que tengan que enterarse por la prensa de parte del contenido de esos informes y denuncian la proclividad de Bstet a defender al Ejecutivo.
Aseguran los diputados del PP que:
El hecho de que el Gobierno se niegue a dar copia de los documentos contando con la colaboración de la máxima autoridad de la Cámara no sólo resulta incomprensible sino también insostenible en derecho.
Lo cierto es que la formación conservadora ha intentado recabar esos documentos desde que se concedió la medida de gracia por parte del gabinete sanchista.
La primera petición se produjo el 23 de junio de 2021 y el Gobierno demoró su respuesta hasta el 2 de septiembre de 2021 alegando que no podía proceder a su remisión por contener los mismos «circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado o transcurridos los plazos establecidos».
El 10 de septiembre de 2021 la portavoz del PP en el hemiciclo, Cuca Gamarra, pidió amparo a Batet para que instara a La Moncloa a remitir los documentos.
Pero la presidenta de la institución de la Carrera de San Jerónimo se opuso y aseguró que el Gobierno dio razones fundadas en derecho para no facilitar la información.
