Se empieza a estrechar el cerco sobre el marido de Nadia Calviño.
Ignacio Manrique de Lara visualiza su futuro judicial de color hormiga después de haber sido denunciado por un contrato con visos de tener más trampas que una película de chinos.
El problema es que esa compañía tenía taxativamente prohibida la contratación con el Estado al tener deudas con diferentes administraciones públicas.
Beedigital recibió un millón de euros de la Seguridad Social cuando adeudaba al Estado 1,6 millones en 2019, año en que fue fichada por medio millón para mejorar la imagen online de dicho organismo público, y seguía siendo morosa estatal por 884.000 euros en 2020 cuando le fue renovado.
El propio ministerio contratante que dirige José Luis Escrivá era acreedor a través de la Seguridad Social de Beedigital, marca de la empresa de Ignacio Manrique de Lara, en los años en que fue contratada (le adeudaba 521.000 euros en 2019 y 374.000 en 2020).
Pero lejos de pedirle a Beedigital que acreditara que estaba al corriente de pagos, la Seguridad Social, organismo gobernado por Escrivá, le permitió eximirse por escrito de hacerlo. Pidió permiso a Beedigital para chequear sus deudas.
Dado que la empresa del marido de Calviño fue contratada pese a tener deudas con el estado, la denuncia sólo ve dos posibilidades, ambas delictivas: «La primera de las posibilidades, que no se haya presentado tal declaración responsable, nos hace suponer que la Mesa de Contratación ha incurrido en un grave incumplimiento. La segunda posibilidad, que si se haya presentado, nos hace sospechar que el apoderado de la empresa ha cometido, presuntamente, falsedad documental de documento público».
Por lo pronto, Manos Limpias ya ha presentado un escrito, que incluye también a una docena de cargos y funcionarios de la Seguridad Social en el que se tipifican los hechos cometidos como presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público.
No obstante, en el caso de Manos Limpias, la denuncia será abordada por un juez independiente y, por tanto, no cabe el veto y carpetazo automático de la Fiscalía, como puede suceder en el caso de Anticorrupción.
LOS FONDOS EUROPEOS
Lo cierto es que Beedigital, la empresa del marido de Nadia Calviño, ya estaba más que señalada desde inicios de 2022
Beedigital se ofertó como intermediario oficial tanto para captar ayudas como para facturarlas previa digitalización del empresario beneficiado con las subvenciones que están en juego, 3.000 millones de euros de fondos europeos del programa Kit Digital.
Tal gestión de repartir licencia de agente digitalizador, como la entrega de fondos, recae en el organismo público Red.es, adscrito a la vicepresidencia de Asuntos Económicos, cuya máxima exponente es Nadia Calviño.
En definitiva, la clave era saber cuándo fue autorizada la empresa en la que trabaja el marido de Nadia Calviño a constituirse en forzosa intermediaria para recibir unas ayudas para digitalizar a pymes y autónomos que, paradójicamente, no las cobran, sino que forzosamente han de cederlas a empresas del corte de Beedigital.
A esas pymes no las podía digitalizar ni un experto propio ni cualquier empresa del mercado, sino las seleccionadas por el equipo de Calviño.
Sin ellas no había ayuda ni digitalización. Amén de cederles el ‘bono digital’, la ayuda europea que reparte la vicepresidenta primera, el empresario debe pagar al agente digitalizador cualquier otro coste no subvencionable. Por ejemplo, labores de asesoría para captar las ayudas y cualquier exceso en el coste de la digitalización sobre la subvención tasada.
