Por la boca…muere el pez.
La Fiscalía del Tribunal Supremo pondrá contra las cuerdas a Gabriel Rufián, tras decidir abrir diligencias de investigación en su contra por presunta revelación de secretos con motivo de la comparecencia de la presidenta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ante la comisión de secretos oficiales.
El portavoz de ERC ya había sido avisado de que estaba en la mira de la Justicia cuando VOX y Ciudadanos pusieron sobre la mesa la opción de llevarle ante el juez el pasado 5 de mayo.
El partido naranja cumplió con las amenazas y denunció. Lo mismo ocurrió con Manos Limpias, por lo que la Fiscalía acumulará ambas iniciativas al ser idénticos los hechos denunciados.
En su denuncia, el sindicato tildaba las revelaciones de Rufián de “serio, real y grave perjuicio para la credibilidad de las instituciones del Estado” y subrayaba el perjuicio que para el CNI, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado suponían sus palabras.
Es importante recordar que el portavoz de ERC no perdió el tiempo para contar lo que se habló en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados y, casi inmediatamente, detalló datos en la televisión catalana TV3.
El diputado catalán habría adelantado un resumen de las explicaciones que minutos antes les había ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban.
“Las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del Estado”, desveló Rufián.
¿Cárcel para Rufián?
Todo apuntan a que ambas denuncias intentarían ponerle en el banquillo por presuntamente haber violado el artículo 598 del código penal, que establece:
“El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años”.
Es importante recordar que la violación de dicho artículo supone condenas que oscilan entre 1 a 4 años de cárcel.
¿Y Dina?
Ciudadanos, por su parte, no se conformaría con Rufián sino que también está estudiando la opción de tomar medidas legales contra Dina Bouselham, quien está detrás del panfleto de Podemos y que ‘casualmente’ fue la primera en revelar que la directora del CNI ha mostrado las actas judiciales que motivan el espionaje a 18 separatistas.
En este sentido, se sospecha que pudo haber recibido filtraciones por parte de aquellos representantes de Unidas Podemos en la Comisión de Secretos Oficiales.
Para aumentar las sospechas sobre la expolítica del partido de extrema izquierda, su publicación en redes sociales donde indicó que “el CNI reconoce que se ha espiado a 18 personas con autorización judicial. ¿Quién y por qué ha espiado al resto de forma ilegal? Esa es la gran pregunta» llegó justamente después de que Pablo Echenique saliese de la comisión.
