Pintan bastos para los que quieren romper a España.
Día de batacazos judiciales para los independentistas catalanes. Si por la mañana fue para Laura Borràs, la recientemente elegida presidenta de Juntos por Cataluña, ahora le toca al huido de la Justicia, Carles Puigdemont.
Primero, la Fiscalía le amargó la jornada a Borràs con la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, al ser acusada de fraccionar un contrato en beneficio de un amigo mientras era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La independentista acumula acusaciones por falsedad documental con entrada en prisión, una condena de seis años de inhabilitación y una multa de 146.000 euros, y prevaricación, por la que reclaman 15 años de inhabilitación.
Como ya conocía estas acusaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la presidenta del Parlamento catalán intentó cambiar hace meses el reglamento del hemiciclo regional para no perder la presidencia si era juzgada por corrupción. Desafortunadamente para ella, no pudo eliminar directamente el artículo que la obliga a dejar el cargo.
Sin embargo, Borràs no es la única a la que se le ha arruinado el día. El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont también sufrió un revés judicial que le pone en la mira de la extradición para que enfrente a la justicia de la que ha huido desde la fallida declaración de independencia catalana en 2017.
Junqueras, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont
Y es que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, ha dado este jueves la razón al juez Pablo Llarena sobre la orden europea dictada por el Tribunal Supremo en la que solicita a Bélgica que entregue al ex consejero Lluis Puig.
De la Tour incide en que una autoridad judicial de un país miembro “no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del país emisor”.
Si bien la consideración del abogado general es una opinión no vinculante, puede influir y mucho, en la sentencia que el TJUE debe emitir en las próximas semanas.
Aunque la conclusión de de la Tour es sobre el caso de Puig, esto es muy relevante para el proceso sobre Puigdemont por dos razones: primero, porque es el abogado general europeo el que insta a Bélgica a realizar la extradición del exconsejero. Y, en segundo lugar, porque de confirmarse la deportación puede producir una cascada de extradiciones, ya que la resolución de la causa sobre Puig dictaminará lo que pase con el resto de los solicitados, entre ellos, el expresidente catalán.
Cabe recordar que el también eurodiputado Puigdemont, tiene causa abierta por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que fue condenado su vicepresidente, Oriol Junqueras.
