La Audiencia Nacional pone contra las cuerdas al abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La institución judicial envía a juicio a Gonzalo Boye, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Una decisión que también afecta al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 47 personas físicas por su presunta implicación en la ‘operación Mito’.
En un auto de este viernes 18 de noviembre, la Sala de lo Penal confirma el auto de conclusión de sumario dictado por la instructora del procedimiento, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón. Además, también envía a juicio a cinco personas jurídicas.
Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.
Estos ‘correos humanos’, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los ‘narcos’ contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.
El abogado Gonzalo Boye tras los barrotes de la cárcel.
Rechazan sus peticiones
En este contexto, la Sala ha descartado la solicitud de Boye, que había pedido que se le archivase la causa. «Los indicios que se describen en el auto de procesamiento de los que resulta el procesado Gonzalo Boyé en los hechos a en él se imputan impiden el sobreseimiento de actuaciones respecto de él», ha aclarado.
El abogado también había instado a la revocación de la conclusión de sumario para la práctica de una serie de diligencias. Los magistrados, con todo, aseguran que no se encuentra «justificada su utilidad para el esclarecimiento de los hechos».
En el auto de apertura de juicio oral la Sala ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía y ha acordado enviar al banquillo a todos los procesados por la instructora con una excepción: la de Amr Lanjri Lahcinoui. Los magistrados han seguido el criterio de Anticorrupción y han decretado el sobreseimiento de la causa al no haberse formulado acusación contra él.
Por otro lado, la Sala de lo Penal también ha denegado la petición de Miñanco de revocar la conclusión de sumario para realizar un total de 14 diligencias distintas. Los magistrados, que descartan 13 de ellas al no considerarlas pertinentes, solo han aceptado la aportación de un informe pericial.
Todos los acusados guardan una supuesta relación con la ‘operación Mito’, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.
Esa organización, según la juez, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en ‘b’, un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.
Pasado oscuro
Boye se sacó el título de abogado en prisión cuando cumplía 14 años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla, hechos que le llevaron a ser condenado en 1996 por colaboración con ETA.
Nacido en Chile en 1965, empezó la carrera de Políticas y Economía en Alemania, sin llegar a concluir sus estudios. Recaló en España a finales de los ochenta y fue detenido en 1992: uno de sus compañeros en el grupo de ultraizquierda le traicionó y sentó la base de su condena por colaboración con ETA, en la que se consideró demostrado que vigiló los movimientos del industrial Emiliano Revilla.
El empresario en cuestión permaneció 249 días en un zulo. Fue liberado el 30 de octubre de 1988 después de que la familia pagara un rescate de más de 1.000 millones de pesetas. La participación del grupo chileno al que pertenecía Boye fue una especie de subcontrata con la que ETA les cedió la parte «logística» de los seguimientos. La resolución en su contra, de 14 páginas, asegura que «participó plenamente» en las labores de vigilancia.
