La ministra de Industria, Reyes Maroto, tiene dos investigaciones abiertas por presuntos delitos de corrupción. Su jefe de gabinete y su secretario de Estado de Turismo hasta hace unos días aparecen en sumarios judiciales que empañarán la campaña de la candidata de Pedro Sánchez para rivalizar contra José Luis Martínez-Almeida.
Por un lado, recoge IEN, el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona señala a la ministra y a su jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart, en la Operación Voloh, que investiga los tejemanejes económicos en Cataluña por el procés. Dos empresarios aparecen en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que apunta a un trato de favor a una compañía automovilística.
Los indicios conducen a un trato especial del departamento de Maroto a la multinacional japonesa Mitsubishi en plena primera ola del coronavirus para facilitar la compra millonaria de parte de una compañía catalana de coches Bergé. Los pinchazos telefónicos del Instituto Armado recogen conversaciones de los cabecillas de esta presunta trama corrupta vinculada a ERC y Junts, el empresario David Madí, mano derecha de Artur Mas, y un trabajador de un conocido banco.
Mitsubishi había logrado en las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus que «la ministra Reyes Maroto mirara u para otro lado» para que Industria no pusiera objeciones a la entrada de Mitsubishi en el capital de Bergé en un 25% del total.
Industria envió al magistrado Joaquín Aguirre correos internos sobre esa operación. En los emails, un alto cargo de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones informa a la empresa de que no requería autorización del Consejo de Ministros. El equipo legal de la empresa nipona contestó por la misma vía con agradecimientos por «su ayuda y rapidez de respuesta».
Durante el estado de alarma, el Gobierno aprobó un Real Decreto para bloquear nuevas inversiones extranjeras para sacar tajada de la crisis sanitaria. Era un freno a la adquisición de compañías españolas a precio de saldo por la delicada situación económica. La Guardia Civil, acudió a las oficinas del Ministerio para incautar documentación y alerta de posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Otra imputación salpica a Maroto: la del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Parte de la Fiscalía Anticorrupción tras la voz de alarma que recibió de la Intervención General del Estado tras auditar la Agencia Española de Cooperación Internacional. 15 altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos Valdés, están imputados por malversación y prevaricación.
La Intervención General denunció que varios contratos informáticos acabaron adjudicados a dos empresas sin cumplir la ley. En 2010, aprobó un «plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica, Plan Sigue, cuyo objetivo era dotar a la institución de un sistema informático que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo». Se sospecha que todo estaba apalabrado.
Valdés, que ha declarado en los juzgados, era subdirector general de la Aecid y jefe de contratación. Por tanto, tendría responsabilidad directa en estos movimientos contractuales. Fiscalía considera que él y otras personas «indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidores».
Fiscalía agrega que «para sortear los procedimientos legalmente establecidos justificando los expedientes, se fraccionó el gasto en unas ocasiones, en otras se adjudicaron prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios adjudicados sin licitación o se acudió a procedimientos que no correspondían».
