El sábado 7 de enero de 2023 se cumplen tres meses de la entrada en vigor de una las leyes más polémicas de la legislatura de Pedro Sánchez, la denominada Ley del Sí es Sí. Los datos no dejan lugar a interpretaciones más o menos capciosas. El proyecto legislativo capitaneado por Irene Montero desde el ministerio de Igualdad ha provocado que 141 delincuentes se hayan visto beneficiados en menor o mayor grado. 17 han sido excarcelados y 134 han visto rebajadas sus condenas.
El apartado 2.2 del Código Penal establece que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena», lo que ha provocado que las Audiencias Provinciales tengan que revisar condenas. En ocasiones lo han hecho de oficio y en otras por petición de la parte interesada (abogados de los condenados) o por la propia Fiscalía.
El mapa de delincuentes beneficiados es llamativo, ya que en cada Audiencia Provincial están estimando los recursos de una forma o de otra. En ocasiones se produce la disparidad de criterios con la Fiscalía. Así se dan situaciones casi dantescas como el de un agresor sexual el cual la Audiencia Provincial de Vizcaya ha reducido su condena en tres días de prisión a un enfermero de quirófano que abusó sexualmente de tres pacientes que estaban en boxes, dos de ellas inconscientes.
Esto contrasta con el extremo contrario. La Audiencia Provincial de Cantabria que ha dejado el libertad a un hombre condenado por agredir sexualmente a una mujer junto con otro hombres. Los tres habían estado de copas en Santander y la invitaron a subir a su habitación de hotel donde, según la condena, perpetraron la agresión sexual. La puesta en libertad se debe a que la AP de Cantabria estimó que, con la nueva Ley en vigor, había que reducir la condena de ambos en siete años, provocando así la puesta en libertad de uno de ellos.
La Ley impulsada por Irene Montero se basa en equiparar tipos penales con lo que la horquilla en la que se mueven las condenas ha bajado. Así el el mínimo ha pasado de seis años a 4. Y lo que se suele restar, de media, en las condenas es dos años. Desde el lado socialista del gobierno se han puesto de perfil y han decidido que el asunto se resuelva en el Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque es verdad que las sentencias del Alto Tribunal general jurisprudencia en España, al Supremo no ha llegado aún ningún caso con la nueva legislación. Un situación, la de esperar a la jurisprudencia del Alto Tribunal, que permitirá seguir aplicando la Ley durante mucho tiempo.
