Pedro Sánchez se ‘está marcando’ un Irene Montero.
Mientras que la polémica Ley del ‘solo sí es sí’ está beneficiando a los agresores sexuales, la reforma del delito de malversación ya comienza a dar sus primeros pasos para ayudar a los corruptos.
Este 10 de enero se conoció que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, pidió a la Fiscalía Anticorrupción que revise sus conclusiones sobre el caso de corrupción Acuamed a la luz de la reforma del delito de malversación que entrará en vigor en los próximos días, dado que podría impactar en su petición de penas de cárcel para los investigados.
Según adelantó ABC, el juez toma esta decisión después de que la fiscal solicitase poner fin al asunto y prepararlo para juicio citando a todos los imputados para comunicarles el procesamiento, tras haber completado ya la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos.
El instructor, sin embargo, resuelve prorrogar la investigación hasta el próximo mes de marzo porque “aunque la norma prevé un plazo de veinte días para su entrada en vigor, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación del sumario”, como adelantó Okdiario.
Así, pide a Anticorrupción que informe «si a la vista de las reformas introducidas» en el Código Penal, «mantiene la solicitud de transformación a sumario», es decir, la finalización de la causa en los términos que ahora sostiene y que implican que el horizonte de pena estaría por encima de los nueve años de cárcel. Entre los delitos que se persiguen figura el de malversación agravada.
La causa se sigue asimismo por ilícitos de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, en relación a una batería de adjudicaciones gestionadas desde Acuamed en favor de infraestructuras como plantas desaladoras.
La polémica reforma del tipo penal de malversación impulsada por la vía de enmiendas al proyecto que deroga la sedición se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de diciembre con la previsión de que entraría en vigor 20 días después.
Cambia el paradigma que regía hasta ahora condicionando el uso delictivo de los fondos públicos a los fines en que estos se destinen: lucro propio, de terceros o fines públicos distintos de aquellos para los que estaban previstos. Se destipifica así el concepto de administración desleal aplicado a los caudales de todos que concurría desde 2015 y la principal consecuencia es para los implicados en el ‘procés’, que podrían así encontrar un resquicio para eludir también este delito.
Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este martes, 10 de enero de 2023, junto al subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero; el politólogo y exdiputado del parlamento vasco, Gorka Maneiro; y Sergio Fidalgo, director del diario El Catalán.
